Finalmente, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reajuste del sector público.

Y tal como se anticipó con el debate antes de la votación, se aprobaron las normas relacionadas con el alza sala de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto.

De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026. De ese total, el CFA advirtió que de ese total US$822 millones no tenían financiamiento claro, por lo que debería utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

La que no tuvo la misma suerte fueron las llamadas normas de amarre. Si bien el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado.

En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años. Esa indicación no prospero, ya que el oficialismo rechazó la indicación y aprobó la idea original de mantener en 2 años la confianza legitima. Esto generó el rechazo de la oposición que se hizo valer en la sala de la Cámara.

Tampoco avanzaron las normas que permitían a correos de Chile habilitar la prestación de servicios logísticos por medios físicos, digitales o híbridos y para que Enap participe directa o indirectamente, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos, a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización.

En otros temas, se aprobó la norma que posterga el reavalúo de propiedades no agrícolas desde enero del 2026 a enero del 2027.