AÚN no hay agua en la piscina para que el gobierno de Sebastián Piñera se embarque en un perfeccionamiento por la vía legal de la Reforma Laboral heredada de Michelle Bachelet. Ese es el cálculo que hacen en el Ejecutivo, advirtiéndose que hasta hoy son más los riesgos que certezas que traería una aventura de ese tipo. En primer lugar está la falta de los votos necesarios para aprobar un cambio a la ley, en un Congreso fragmentado y con mayoría de la oposición en ambas cámaras, y el rechazo que ha mostrado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a revisar el corazón de la iniciativa. Asimismo, si bien el programa de gobierno de Chile Vamos es claro en buscar perfeccionamientos en materias como grupos negociadores, servicios mínimos y pactos de adaptabilidad, todavía no hay disponible un análisis técnico acabado del funcionamiento de la legislación que el próximo 1 de abril cumple su primer año de vigencia. Y como antecedente también relevante, un ajuste a la reforma aún no entra en la lista de prioridades de los primeros seis meses de la nueva administración.