En una cuestionable muestra de solidaridad, ayer un grupo de camioneros bloqueó parte de la Ruta 5 en apoyo a las demandas de los pescadores artesanales de Chiloé que desde hace una semana tienen sitiados los accesos a la isla. Estas muestras se han repetido día tras día en la isla y en su principal punto de acceso (el Canal de Chaco), dejando a Chiloé aislado del resto del país y dificultando la entrega de alimentos, medicinas e insumos básicos, como combustibles. Esta situación no solo ha provocado trastornos en la conectividad, sino también problemas en la atención médica y escolar, todo tras las demandas de los pescadores por la crisis que ha provocado en la región la presencia de marea roja, situación que frena sus actividades y principal fuente de ingresos. Con todo, esta situación excepcional no puede servir como justificación para sitiar el litoral, bloquear el libre desplazamiento y dejar aislados miles de locales y turistas. El desafío que tiene por delante el Gobierno es mayor. Debe restablecer el orden público y la conectividad de Chiloé cuanto antes; debe compatibilizar las demandas de los pescadores con las reales capacidades de gestión de la administración regional, pero, ante todo, no puede ceder ante grupos de presión que están disfrazando legítimas demandas sociales con actos de violencia que atentan contra la integridad y derechos fundamentales de miles de chilenos.