Un nuevo estudio de Pivotes reveló que la efectividad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha caído de manera sostenida en las últimas dos décadas. Este nuevo instrumento, el Índice de Efectividad en la Evaluación Ambiental (IEFEA), muestra que la eficiencia del sistema bajó del 76% en 2006 a apenas un 29% en 2025, tomando como referencia el período 1992–1997. Esto ha reabierto el debate sobre si es posible acelerar proyectos sin comprometer los estándares ambientales.

Ignacio Toro, exdirector del SEA y miembro de Red Pivotes, indica que “explicar la caída en la agilidad es como intentar responder por qué sube la inflación: el índice muestra la realidad, pero las causas son múltiples. En mi opinión, uno de los factores clave fue la pandemia, que generó una acumulación de proyectos en evaluación que aún no hemos logrado descongestionar. El IEFEA -dice- es como un termómetro que muestra si el sistema está tomando decisiones de forma más ágil o más lenta. Cuando baja, alerta sobre retrocesos”.

Para Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, el aumento de los plazos responde a factores multifactoriales: la mayor complejidad normativa, la triple crisis ambiental y las extensiones solicitadas por los propios titulares para responder observaciones. Durán afirma que el SEA cumple el 100% de los plazos legales, que el 95% de los proyectos son aprobados, y que aquellos que ingresan bien preparados se tramitan más rápido.

Álex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la UDD, opina que el SEIA es un instrumento preventivo que permite “imponer medidas de prevención, mitigación y compensación antes de ejecutar las obras” y que además otorga certeza jurídica y ordena las obligaciones ambientales de los proyectos. A su juicio, el modelo chileno —centralizado y con procedimientos diferenciados entre Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental— es más homogéneo que el de países como Argentina, donde la evaluación se descentraliza a nivel provincial, generando criterios dispares. La clave, dice, es que los proyectos entren al sistema desde el inicio, ya que la evaluación temprana evita conflictos posteriores.

Sobre cómo mejorar la eficiencia, desde el SEA aseguran “estar reforzando equipos en regiones con proyectos de gran envergadura, entregamos certezas jurídicas a través de guías y lineamientos, y estamos modernizando la plataforma electrónica con inteligencia artificial. Además, se han reducido los plazos de resolución del comité de ministros, eliminando recursos pendientes por más de 13 meses”, asegura Durán.

Para Toro, la clave está en agilizar las decisiones y fortalecer el trabajo en conjunto. “Adelantar espacios de decisión a etapas iniciales de los proyectos puede marcar una diferencia. La experiencia internacional muestra que mientras más avanza una evaluación, mayor es la conflictividad y más difícil se vuelve tomar decisiones”, sostiene.

Desde una visión crítica, Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, advierte que confundir efectividad con rapidez puede desviar el objetivo del SEIA: “El sistema está para proteger la salud, el patrimonio ambiental y el derecho a vivir en un ambiente sano, no solo para acelerar inversiones”. Recuerda también que las resoluciones actuales son más complejas y completas que en los años noventa, y que el verdadero problema es que se permiten proyectos sin estándares adecuados o en lugares incompatibles. Acelerar sin resolver esos déficits “es una muy mala idea”.