SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados de la Encuesta CASEN2024 muestran avances que, a primera vista, podrían invitar al optimismo. Tanto la pobreza por ingresos como la pobreza extrema disminuyeron desde la última medición (de 20,5% a 17,3% y de 8,5% a 6,9% respectivamente, según la nueva metodología). Sin embargo, una lectura más fina revela una realidad que no puede quedar eclipsada por el promedio: la urgencia de abordar la pobreza más dura.

Por un lado, los resultados presentan un dato alarmante: los ingresos laborales de los primeros dos deciles por ingreso autónomo no sólo no se han recuperado tras la pandemia, sino que, incluso en el caso del primer decil, cayeron un 17% respecto de 2022, alcanzando apenas un 40% de los niveles prepandemia.

Este estancamiento consolida una dependencia estructural de subsidios y evidencia que la recuperación económica no está llegando a quienes más la necesitan.

Por otro lado, más de 1,19 millones de personas (6,1%) viven en situación de pobreza severa, lo que en número de hogares alcanza 340 mil (4,9%). En esta definición se encuentra quienes enfrentan simultáneamente carencias por ingresos y pobreza multidimensional. Este grupo de hogares está encabezado mayoritariamente por mujeres e integrados, en casi dos tercios de los casos, por niños, niñas y adolescentes. No se trata solo de bajos ingresos, sino de una acumulación de desventajas que compromete seriamente las trayectorias de vida.

En este contexto, el desafío de la política social no es únicamente reducir cifras agregadas, sino priorizar con claridad. Pobreza extrema y pobreza severa deben ocupar un lugar central en la agenda pública, con estrategias que combinen crecimiento económico, empleo y apoyo focalizado.

Felipe Bettancourt

Investigador Centro de Políticas Públicas Universidad San Sebastián (USS)

Exdirector Nacional FOSIS