SEÑOR DIRECTOR:

Se aprobó en primer trámite constitucional, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley destinado a fortalecer las facultades de fiscalización de las municipalidades, incorporando mecanismos de control al comercio ambulante. Se trata, sin duda, de una señal positiva y coherente con la necesidad urgente de dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar un fenómeno que se ha expandido de manera acelerada en prácticamente todas las comunas del país.

Sin embargo, la evidencia demuestra que la sola existencia de normas no garantiza resultados. En 2024, la CNC publicó un estudio sobre el grado de cumplimiento de la Ley 21.426 de comercio ilegal, arrojando cifras elocuentes y a la vez preocupantes: el 47% de los municipios no cuenta con una ordenanza que regule el comercio en el espacio público y sólo un 22% ha actualizado su normativa conforme a los nuevos estándares legales. Dicho diagnóstico revela una preocupante brecha entre la legislación y su aplicación en el territorio.

Este proyecto representa, por tanto, una oportunidad única para establecer responsabilidades claras y otorgar mayores facultades a los municipios en la regulación del comercio ambulante. Por ello, hacemos un urgente llamado a las autoridades a no desaprovecharla y avanzar en medidas que marquen un antes y un después. Es indispensable sancionar no solo a quienes venden, sino también a quienes compran en el comercio no autorizado; limitar e idealmente eliminar los permisos precarios que los alcaldes hoy otorgan casi a discreción y asegurar que las sanciones a la informalidad se apliquen y cumplan.

Chile no puede seguir tolerando la expansión de un fenómeno que afecta la seguridad, la economía formal y la convivencia ciudadana. Tenemos una gran oportunidad: transformemos este proyecto en un instrumento eficaz, con normas claras, aplicables y con efectos reales en nuestras calles.

José Pakomio

Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile