SEÑOR DIRECTOR:

La reciente encuesta sobre Migración de Democracia UDP & Feedback aporta un dato central al debate. Al consultar sobre cuántas personas de otros países deberían poder venir a Chile, solo 6% responde “ninguna”. Dos tercios dejarían entrar a “algunas” o “muchas”; y eso ocurre en un país donde el 61% evalúa negativamente el impacto de la migración reciente.

Ambas cosas conviven sin contradicción. Lo que la ciudadanía pide no es cerrar la puerta, sino que alguien la administre. Solo 26% cree que el Estado tiene capacidad para gestionar el fenómeno; 78% piensa que con mejores políticas los problemas asociados disminuirían. Es una demanda de competencia estatal, no de clausura.

La diferencia no es semántica. Quien lee el malestar como un mandato para la máxima dureza está respondiendo a una pregunta que la mayoría no hizo, y se arriesga a prometer lo que no puede cumplir. Quien lo desestima como intolerancia, en cambio, deja sin representación a una inquietud legítima sobre servicios públicos, empleo y seguridad, y termina cediendo ese espacio a quienes sí la nombran.

El costo de esa confusión no es solo electoral. Cuando el Estado no logra ordenar los flujos ni resolver oportunamente las situaciones migratorias, el problema se traslada a la convivencia cotidiana y las personas migrantes cargan con la factura. Control y trato digno no son fuerzas opuestas; la ausencia del primero es, en buena medida, lo que erosiona el segundo.

Chile no está pidiendo un portazo. Está pidiendo un Estado que sepa hacer su trabajo, sin renunciar al trato respetuoso para quienes ya viven aquí.

Juan Pardo Escámez

Director de investigación Feedback Research