SEÑOR DIRECTOR:

La cooperación entre los países latinoamericanos es clave para enfrentar desafíos como el crimen organizado y la migración forzada, impulsada por la violencia, la persecución, la pobreza y las crisis de derechos humanos que atraviesan varios países de la región. Estas realidades han obligado a millones de personas a dejar sus hogares y cruzar fronteras, muchas veces por vías irregulares, cuando las alternativas formales son insuficientes o inaccesibles para quienes buscan protección o una vida digna.

Sin embargo, entre las herramientas de gestión disponibles, es necesario optar por las que sean realmente eficaces. En ese sentido, un “corredor humanitario” no parece ser la mejor opción.

Las personas venezolanas que residen en Chile y en otros países llevan años construyendo una vida: trabajan, tienen hijos, arriendan o son dueñas de viviendas, emprenden y participan activamente en sus comunidades. Resulta poco realista pensar que, de forma voluntaria, abandonarán el país para volver a uno que aún enfrenta una grave crisis y, además, una invasión extranjera, más aún si ello implica una prohibición de reingreso por largos períodos.

Existen alternativas más efectivas para gestionar los flujos migratorios, como la regularización y la revisión del sistema de visados. La primera permitiría que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan con estatus legal, accediendo a derechos y deberes. Lo segundo, en tanto, ayudaría a ordenar la migración y a promover el ingreso por pasos habilitados, reduciendo la irregularidad y debilitando al crimen organizado. Persistir en políticas rígidas que históricamente han incrementado la irregularidad no tiene sentido; apostar por soluciones reales, sí.

Francisca Vargas Rivas

Directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP