SEÑOR DIRECTOR:

Actualmente, la indemnización por años de servicio comprende la compensación por cada año de trabajo (o fracción superior a seis meses luego del primero año), equivalente a un mes de sueldo, con un tope de 11 años. El proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso propone eliminar ese tope de 11 años, permitiendo que personas con -por ejemplo- 15 años de servicio, reciban 15 sueldos al ser despedidos por necesidades de la empresa o desahucio por escrito.

De acuerdo con el análisis que realizó el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Chile es uno de los países con mayor rotación laboral dentro de la OCDE. Al respecto, indican que al 2024, el 31,1% de los trabajadores dependientes tienen una relación laboral de un año o menos.

Una antigüedad laboral tan baja es en general indeseable, porque impide la especialización impactando en la productividad.

Por otro lado, una norma de esta naturaleza podría terminar afectando a personas con relaciones laborales iniciadas hace años, lo que implicaría cambiar las reglas del juego y atentar directamente contra la certidumbre jurídica. Con ello, se infringiría el derecho a la propiedad y libertad de emprendimiento de los empleadores perjudicados.

En este contexto, no parece buena idea aumentar el costo de alargar las relaciones laborales. Sacrificar la poca certeza jurídica que nos va quedando para aumentar costos laborales y desincentivar la antigüedad laboral, no vale la pena; sobre todo, si la medida beneficiaría a una porción muy pequeña de la sociedad.

Gabriel Halpern Mager

Abogado, especialista en Derecho Laboral y Derechos Humanos