SEÑOR DIRECTOR:

El atentado en Victoria, con un trabajador asesinado y otro herido grave por munición de alto calibre, volvió a mostrar la incoherencia del gobierno frente al terrorismo. Tenemos una Ley Antiterrorista actualizada este año para mejorar su eficiencia, pero que se rehúsa a aplicar incluso cuando los hechos entregan todos los antecedentes necesarios.

No es la primera vez. En febrero, tras el ataque a un helicóptero que combatía incendios forestales, el Ejecutivo afirmó que “no había antecedentes suficientes” para invocar la norma. Este viernes, una semana después de otro atentado incendiario en Carahue, anuncian que sí la aplicarán, pero únicamente porque un grupo se adjudicó el hecho. Esa lógica es inaceptable: en casi la mitad de los atentados en la Macrozona Sur no existen panfletos ni papeles reivindicatorios y eso no los hace menos terroristas.

El resultado es un sinsentido. El gobierno reconoce que los hechos son terrorismo, pero solo aplica la ley cuando aparece un papel. Todos los atentados deben ser perseguidos bajo la Ley Antiterrorista, sin excepciones, debe ser la justicia la que determine responsabilidades, no la conveniencia política.

La gravedad aumenta si recordamos que La Araucanía lleva casi cuatro años bajo estado de emergencia y con presencia militar. Es la constatación de que estamos frente a una crisis de carácter terrorista.

Desde febrero se han perpetrado 23 atentados, pero el Ejecutivo solo ha presentado querellas en contados casos. Lo que se requiere es una posición activa y consistente. No hacerlo no solo es incoherente, es peligroso. Porque mientras el gobierno duda, las víctimas quedan solas y el terrorismo gana espacio.

Patricio Santibáñez

Presidente Multigremial de La Araucanía