SEÑOR DIRECTOR:

Los tornados de mayo en Puerto Varas y de septiembre en Linares dejaron a cientos de personas afectadas y una larga lista de preguntas. Dos episodios que confirman cuán expuesto está Chile a múltiples amenazas naturales que, al combinarse con los efectos del cambio climático y con una población cada vez más concentrada, configuran riesgos más complejos y sistémicos.

Las personas no solo sufren la pérdida de sus bienes materiales, sino también las consecuencias sobre la infraestructura de las ciudades. Estas nuevas exigencias requieren respuestas urgentes y sostenidas. De lo contrario, las pérdidas anuales por desastres naturales podrían bordear los US$4.500 millones, equivalentes al 1,5% del PIB. Postergar una política nacional de infraestructura resiliente es tanto humana como fiscalmente insostenible.

El llamado es claro: la inversión en infraestructura resiliente debe ser vista como una decisión estratégica, no solo como gasto público. Incorporar los nuevos escenarios de riesgo en la planificación nacional fortalece la seguridad de las personas y otorga certezas a la industria, preparándonos mejor para los eventos que, inevitablemente, seguirán ocurriendo.

Chile necesita que el próximo gobierno modernice su institucionalidad y lidere un esfuerzo público-privado que dote al país de una infraestructura capaz de resistir, adaptarse y proteger. Solo así podremos estar a la altura de las aspiraciones que tenemos como sociedad.

Armando Holzapfel Picarte

Grupo por la Infraestructura y Edificación Resiliente