SEÑOR DIRECTOR:

¿Por qué hablamos tanto del número de detenidos y no de lo que pasa con ellos tras la detención? Pocos días antes de la salida de la ex ministra Trinidad Steinert, el Ministerio de Seguridad Pública comunicó los resultados de un operativo realizado en varias regiones que permitió detener a 459 personas, llevando a cerca de 7.000 las órdenes de detención ejecutadas en casi dos meses de gobierno. Recordemos que no siempre una detención dará lugar a una condena efectiva, pues los detenidos deben ser controlados por los jueces de Garantía y, de ser imputadas, su culpabilidad debe ser probada en un juicio posterior.

En el sistema judicial, hechos graves generalmente son juzgados en procedimientos orales cuyo resultado, en caso de haber condena, es la pena de cárcel. Sin embargo, existen delitos menores en los cuales se permite a infractores sin antecedentes penales acceder a la suspensión condicional del procedimiento, lo que genera una oportunidad para vincularlos con programas que favorezcan su reinserción o bien reparar el daño causado, tales como el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) y el de Mediación Penal (MP).

Durante 2025, casi 67.000 personas accedieron a la suspensión condicional. La evidencia disponible indica que menos del 2% ingresaron a alguno de los programas mencionados. Un plan de seguridad que aspire a recuperar la confianza de los ciudadanos en la justicia debe fortalecerlos. Así los resultados que han mostrado en materia de reparación de las víctimas y de revinculación de infractores con el mundo prosocial serán igual de visibles para la opinión pública como los operativos que se despliegan para detener a estas personas.

Jeanne Hersant

Académica Escuela Trabajo Social UC

Directora alterna proyecto ANID Exploración “Innovación en Justicia Penal”