SEÑOR DIRECTOR:

La Defensoría de la Niñez pidió al Congreso reevaluar el proyecto que endurece las penas para menores que cometen delitos graves, señalando que carece de “pertinencia técnica”. Como si ese fuera el problema principal frente a homicidios o violaciones cometidos por adolescentes que, en la práctica, purgan apenas unos meses. Mientras tanto, las familias quedan sumidas en el dolor, viendo cómo el sistema parece más preocupado de justificar al agresor que de reparar a la víctima.

Cuando un crimen brutal cometido por un menor queda prácticamente impune, no se protegen derechos, se legitima la irresponsabilidad. No se trata de negar la protección que merecen niños y adolescentes, pero tampoco de avalar un sistema que olvida a quienes sufren. Un padre que pierde a su hijo no entiende de tecnicismos; entiende que el responsable seguirá su vida con normalidad mientras la suya quedó destruida.

Chile necesita leyes que reconozcan el daño causado por delitos graves, sin importar la edad del victimario. Al mismo tiempo, debe haber una política seria de reinserción. No son caminos opuestos. Pero mientras las sanciones sigan siendo simbólicas, el mensaje será claro: cometer delitos siendo menor no tiene consecuencias reales.

La ciudadanía lo sabe. Por eso crece la desconfianza. Estas estructuras de impunidad no solo ofenden a las víctimas, también inhiben que otros denuncien. ¿Para qué acudir a la justicia si el Estado da la espalda a quien más lo necesita?

El Congreso no puede seguir postergando esta discusión. No es solo un asunto legislativo. Es una decisión moral: decirles a las víctimas que, por fin, el país las mira a los ojos.

José Miguel González

Movimiento No Más Víctimas