ley de aplicaciones de transporte

SEÑOR DIRECTOR:

A poco de finalizar la administración del Presidente Boric, sorprende que el ministro de Transportes busque implementar la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) antes de cerrar su gestión. El pasado viernes se adjudicó un convenio para, por tercera vez, intentar desarrollar la plataforma tecnológica necesaria.

¿Dónde radica el problema? Según el propio ministro Muñoz ha reconocido ante la comisión de Transportes de la Cámara, “sin plataforma tecnológica es imposible implementar la ley”. Bajo la planificación proyectada por el ministerio, el desarrollo de este sistema tomará al menos seis meses. En el escenario más optimista, esa plataforma no estaría operativa antes de agosto de 2026. A esto debemos sumar las pruebas piloto y testeos de una herramienta que gestionará millones de datos sensibles.

Cuesta entender el objetivo de política pública tras la publicación de un reglamento sin las plataformas necesarias para ejecutarlo. Tras tres reveses reglamentarios en Contraloría, tres licitaciones desiertas y un desarrollo fallido que costó $500 millones al erario público, es ilusorio pensar en un éxito en apenas semanas. Además, el gobierno saliente heredará un nuevo contrato por $550 millones a la nueva administración.

Publicar el reglamento sin el desarrollo completo del software obligaría a inscribirse en un registro inexistente. Ante la imposibilidad de terminar la plataforma a tiempo, más de 140 mil conductores quedarán expuestos a sanciones graves o a la pérdida de su fuente de ingresos, con el impacto que ello tendrá en la movilidad y el empleo en todo Chile. Como gremio, sostenemos que una nueva normativa es necesaria, pero ejecutarla en forma improvisada generaría un golpe irreversible para el ecosistema. Lo responsable sería dejar la ejecución de esta compleja normativa a criterio de las nuevas autoridades.

Marcela Sabat

Directora Ejecutiva

Alianza IN