SEÑOR DIRECTOR:

Históricamente, la prensa ha cumplido un rol clave en cuestionar a la autoridad y destapar abusos, arbitrariedades y corrupción, incluso a través de famosas filtraciones, como el caso Watergate, Panama Papers, entre otros.

Sin duda, esto no puede implicar que prácticamente no haya reserva alguna en investigaciones penales donde hay personas de perfil público involucradas y que la litigación pase de los tribunales a la opinión pública, ni que un derecho esencial en una democracia que se precie de tal, como la presunción de inocencia, sea una mera quimera.

Es clave que discutamos cómo podemos equilibrar mejor distintos bienes jurídicos: libertad de información y expresión, presunción de inocencia, privacidad, éxito de las investigaciones y combate a la impunidad. Se entiende que eso tuvieron en mente un grupo de senadores y senadoras que ingresaron un proyecto de ley llamado coloquialmente “Mordaza 2.0”, que busca elevar las sanciones a quienes filtren o difundan información de investigaciones en curso.

A mi juicio, los problemas de este proyecto, aunque podamos coincidir con su objetivo, son dos. En el camino se puede afectar de manera grave la libertad de información y el trabajo de medios de comunicación que, tal como hoy está redactada la propuesta, podrían ser sancionados con multas no menores e incluso con sanciones penales o, para evitar eso, inhibirse de cumplir el rol que la prensa está llamada a hacer.

En segundo lugar, en la actualidad tenemos un serio problema de fiscalización. Si hoy son casi nulas las consecuencias y sanciones a quienes están filtrando -funcionarios o partes de las causas-, ¿qué nos hace pensar que eso cambiará con penas más altas? Muchas veces no son necesarias nuevas leyes o sanciones para inhibir conductas cuando la fiscalización o posibilidad de sanción es prácticamente nula.

En un momento en que medios de comunicación se ven constantemente amenazados en el mundo por hacer su trabajo, debemos ser más cuidadosos que nunca de, con un noble fin, terminar amenazando el rol de un pilar garante de una democracia fuerte y consolidada.

María Jaraquemada

Abogada