SEÑOR DIRECTOR:

Así se titulaba el libro que Frédéric Bastiat escribió en el año 1850. En este se evidenciaban las consecuencias inintencionadas que ciertas políticas públicas acarrearían en el mediano y largo plazo. Hoy, casi dos siglos después, nuestros políticos siguen sin comprender las repercusiones que una política pública como el FES podría traer a las futuras generaciones.

Lo que se ve, es que el Estado le permite al estudiante financiar sus estudios superiores sin tener que pasar por el estrés de quedar debiendo dinero a una institución financiera privada con el consecuente pago de intereses que se acumulan año a año. Lo que no se ve, es que el FES financiará a la siguiente generación de estudiantes que egrese de la educación superior con el cobro del 8% de la remuneración mensual para aquellos que consigan sueldos mayores a $500 mil pesos. Esto equivale a una prestación pública que se entrega por adelantado al pago del tributo; es decir, dicho sistema de financiamiento es un impuesto al trabajo para personas vulnerables y de clase media.

La sostenibilidad de este sistema dependerá de la retribución que la persona debe hacer al Estado durante 20 años, pero el incentivo es perverso porque debilita el mercado laboral formal, obligando al empleado/deudor a negociar contratos de trabajo bajo condiciones de salario mínimo, creando una especie de mercado laboral informal presionando a la baja las cifras de ingreso autónomo del país. Además, si lo que se quería era eliminar de la ecuación al sector financiero privado, esta medida hará exactamente lo contrario; lo fortalecerá, ya que hará que los bancos desarrollen nuevos productos ajustados a las necesidades de los estudiantes, con tasas de interés más competitivas y con atractivos enganches (acceso a créditos hipotecarios con tasas preferenciales, por ejemplo). Esto terminará por destruir a la opción estatal y dejará al Fisco en peores condiciones, considerando que nos acercamos a un peligroso 45% del PIB en deuda pública.

¿Cuánto más se endeudará el Estado chileno para poder seguir cumpliendo con la entrega de este derecho? Si el cobro lo realiza el SII, ¿no quedará el contribuyente esclavizado al Fisco con este impuesto de 8% por 20 años sin posibilidad de elegir otra institución que le permita acortar el plazo de su deuda? ¿Será sostenible este nuevo modelo de financiamiento o constituirá otra política pública fallida como lo fue el Transantiago?

Viviana Véjar Himsalam

Economista FARO UDD