SEÑOR DIRECTOR:

A siete años de la ley que despenalizó el aborto en tres causales, el acceso efectivo a este derecho sigue siendo una deuda del Estado. Según el Informe 2024 que elaboramos en Corporación Humanas, el 41,6% del personal obstetra en hospitales públicos se declara objetor en la causal de violación. En tres hospitales del país -Cauquenes, Constitución y Lautaro- el 100% del equipo se acoge a la objeción, dejando sin alternativa real a quienes requieren esta prestación de salud.

La objeción de conciencia -que debiera ser una situación excepcionalísima, ya que supone el incumplimiento de una obligación jurídica-, hoy opera como una barrera estructural para el acceso a la Ley IVE. Afecta especialmente a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, quienes enfrentan una doble vulneración: la de sus agresores y la de un sistema de salud que no garantiza atención oportuna ni libre de juicios.

Es urgente que el Estado regule y fiscalice efectivamente esta práctica. La reciente actualización del reglamento de objeción de conciencia representa un avance en esa dirección, pero el sistema aún presenta brechas importantes que exigen redoblar los esfuerzos institucionales para asegurar el acceso igualitario y sin discriminación a este derecho.

La objeción de conciencia es un derecho individual reconocido, pero no puede limitar el acceso efectivo a derechos legalmente garantizados para las mujeres y niñas.

Constanza Schonhaut

Directora ejecutiva, Corporación Humanas