La nueva Ley de Permisos Sectoriales o de “Permisología” que se tramita propone mecanismos como declaraciones juradas y silencio administrativo positivo para acelerar permisos. Bajo esta lógica, si un servicio no responde a tiempo –30, 45 o 90 días, según el tipo de trámite- el permiso se da por automáticamente aprobado. Esto puede facilitar inversiones, pero también desmantelar salvaguardas socioambientales básicas.

El caso del edificio Kandinsky de Concón, construido sobre dunas, sin evaluación ambiental, evidencia lo que ocurre cuando las instituciones del Estado omiten su deber técnico. Años después, la Corte Suprema confirmó que esas dunas son ecosistemas frágiles y que su intervención sí requería evaluación ambiental.

Con la nueva Ley, situaciones así podrían no solo repetirse, sino validarse. Agilizar procesos no puede implicar prescindir de criterios técnicos ni asumir que “quien calla otorga”. Las consecuencias sociales y ambientales de estas omisiones no son teóricas: erosionan ecosistemas frágiles, socavan la confianza pública, son reales, peligrosas, costosas y muchas veces irreversibles.

Una ley moderna debe mejorar lo perfectible, pero nunca a costa del principio preventivo y precautorio ni del sentido común ecológico. Simplificar no puede significar desproteger, ni menos poner en riesgo a las personas o a la biodiversidad.

Nathalie Joignant Pacheco

Magister en Gestión y Planificación Ambiental