SEÑOR DIRECTOR:

La decisión del Minvu de adquirir la mitad del terreno ocupado por la toma de San Antonio genera una serie de inquietudes. El principal problema no radica solo en la compra del terreno, sino en el precedente que se establece al destinar recursos públicos a la legitimación de una ocupación ilegal, recursos que, además, podrían haberse utilizado para atender a las personas que llevan años esperando una solución habitacional. Este enfoque compromete la asignación de recursos y pone en evidencia una falencia en la planificación de políticas públicas que priorizan la ocupación irregular sobre la resolución de la crisis de vivienda.

El trasfondo de esta decisión devela la falta de una visión integral para la transformación del espacio. Acondicionar este terreno a los estándares mínimos de infraestructura urbana —como saneamiento, iluminación, calles, veredas, entre otros— requeriría un presupuesto significativamente mayor, que podría multiplicarse por 3 o 4 veces el monto considerado. Es decir, la intervención en este terreno no solo plantea un gasto elevado, sino que también está asociada a un reto de planificación urbana que involucra el diseño y ejecución de un proyecto de urbanización de gran escala, lo cual pone en duda la viabilidad y efectividad de esta medida como solución a largo plazo.

Por último, el argumento del gobierno centrado en el “derecho a la ciudad” no responde a la solución entregada. Expropiar, lejos de resolver la situación, solo aplaza el problema estructural de fondo. Los 3.000 niños que viven en esta toma continuarán enfrentando condiciones de habitabilidad urbana precarias y situaciones de vulnerabilidad, similares a las que padecen las familias que llevan años en espera de una solución habitacional.

Beatriz Mella

Directora Centro CIUDHAD UNAB