SEÑOR DIRECTOR:

La detección de irregularidades en las listas de espera junto al uso indebido de licencias médicas ha reactivado la discusión sobre los límites y atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR).

La contralora ha demostrado que la CGR desempeña una esencial labor, eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, y tiene sobre sus hombros la tarea de cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos.

En el marco de su función jurídica se distinguen 5 importantes potestades que ha ejercido durante su historia: la fiscalización de recursos y deberes públicos; la toma de razón; la potestad dictaminante; la emisión de normas contables y el juzgamiento de cuentas, atribuciones que posibilitan un adecuado control de la juridicidad de los actos administrativos, el resguardo del principio de probidad, una buena administración y el correcto uso de los recursos públicos.

Pero, ¿son suficientes sus actuales atribuciones? Por supuesto que no. Por ello, la contralora ofició al Senado una solicitud concreta: que se tramite un proyecto de ley que permita contar con mayores herramientas.

Es indubitado que existen vacíos legales que dificultan el rol de la CGR e impiden actuar con mayor eficacia. Es clave consagrar normativamente que la renuncia de un funcionario no debería extinguir su responsabilidad administrativa ante posibles irregularidades cometidas durante su gestión. Además, resulta cardinal que la CGR posea la facultad de aplicar sanciones una vez finalizados los sumarios, sin depender de otras instancias administrativas. Además, resulta imperioso entregarle mayores atribuciones a fin que pueda requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos y antecedentes financieros de entidades bajo su supervisión.

En suma, se requiere aprobar una “ley corta” que priorice atribuciones ampliadas a la CGR, así como reformas a la ley de Bancos y a la ley de Municipalidades, puesto que es probable que, de haber tenido estas facultades, se hubiesen evitado casos de defraudación.

En momentos de crisis de confianza en las instituciones públicas, es positivo para el Estado que la CGR incomode con su accionar y tenga “dientes y garras” para fiscalizar al aparato público, en tanto asumir este desafío implica una responsabilidad política y visión de Estado.

Neftalí Carabantes

Abogado y académico Universidad Central