SEÑOR DIRECTOR:

En las últimas semanas, la decisión de reconvertir el penal de Punta Peuco ha sido objeto de duras críticas. Algunos lo han calificado como un acto de venganza o revanchismo político. Esta medida resulta plenamente justificada desde el derecho internacional de los derechos humanos al eliminar una categoría penitenciaria especial para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Esta decisión, más que un acto de revanchismo, debe entenderse como una necesidad urgente del sistema penitenciario que enfrenta un colapso inminente. Actualmente, más de 60 mil personas están privadas de libertad, con niveles alarmantes de hacinamiento, violencia y precariedad extrema. Solo en la última semana han muerto dos internos por neumonía en la ex Penitenciaría de Santiago; en Santiago 1, hay más de 50 personas durmiendo sin colchón en suelos húmedos, dos fallecidos con antecedentes de salud mental, y un ataque sexual reciente. El sistema penitenciario se ha convertido en una película de terror para quienes lo enfrentan.

En este contexto, decisiones tendientes a reorganizar la población penal y descongestionar los recintos penitenciarios son necesarias y urgentes. Usar racionalmente los espacios disponibles es imprescindible para recuperar un sistema penitenciario profundamente deteriorado y tensionado a diario con los requerimientos actuales de criminalidad y seguridad.

Garantizar el resguardo de derechos, condiciones dignas para todas las personas privadas de libertad y que se cumpla con la igualdad ante la ley, resultan deberes irrenunciables en un Estado democrático.

Alejandrina Tobar, Paula Salvo, Lieta Vivaldi, Constanza Valdés, Juan Carlos Cayo, Haydee Oberreuter

Consejeras INDH