SEÑOR DIRECTOR:

La reciente aprobación por la Cámara de Diputados de la ley que establece multas para quienes no voten, tras una tramitación accidentada y a solo semanas de los comicios de noviembre, es una victoria del sentido común y un paso crucial para fortalecer nuestra democracia.

Considero imperioso examinar este hecho más allá de la coyuntura, y es que resulta paradójico que una Cámara que en 2022 aprobó el retorno al voto obligatorio ofreciera meses después una tenaz resistencia a legislar su mecanismo de aplicación concreto: la multa . Esta contradicción no se explica por principios, sino por un crudo cálculo electoral. Diversos sectores oficialistas temían que la obligatoriedad perjudicara a su candidatura presidencial, al forzar a votar a un electorado “disgustado y apático” que, se supone, les sería adverso. Esta reticencia inicial, que priorizó la conveniencia electoral sobre el mandato constitucional, revela una falla en la calidad de nuestra representación. Afortunadamente, la lógica prevaleció.

Más que un castigo, esta multa es un recordatorio del valor cívico del sufragio y su aprobación, aunque tardía y marcada por la pugna política, es un logro democrático.

Jorge Gacitúa Muñoz

Abogado