SEÑOR DIRECTOR:

Cuando se discute la fiscalización de las licencias médicas, suele reaparecer la frase “pagan justos por pecadores”, como si fuera un daño inevitable para mejorar la transparencia del sistema. Pero esta “zona de sacrificio” no es abstracta: está formada por personas reales, que enfrentan enfermedades que afectan su funcionalidad, bienestar y vida laboral.

En el trabajo clínico se puede observar pacientes oncológicos en tratamiento activo a quienes se les objetan licencias, cuyos pagos se retrasan por meses o se les solicita documentación complementaria que no forma parte de los requisitos formales; deben justificar una y otra vez un tratamiento ya suficientemente exigente, y sus cuidadores angustiados deben explicar el impacto emocional y la necesidad de su presencia durante hospitalizaciones prolongadas. Esto también ocurre en otras enfermedades complejas, especialmente en salud mental y patologías crónicas.

Cuando la sospecha se transforma en criterio, se erosiona la confianza entre el sistema y quienes dependen de él para tratarse con dignidad. La reducción global de licencias no demuestra necesariamente que hayan disminuido las injustificadas o los problemas de salud. Significa que hay personas que quedan sin una herramienta terapéutica que nunca fue un premio, sino un derecho.

Combatir el fraude es indispensable. Pero asumir que siempre habrá personas sacrificadas normaliza que el peso del control recaiga sobre quienes están más enfermos y más necesitados. Ese no puede ser el costo aceptable de un sistema que aspire a la justicia y a la humanidad.

Daniela Rojas Miranda

Docente en Psicooncología y Bioética, UDP