EL SISTEMA de remuneraciones del Ministerio Público incluye bonos tanto por desempeño individual como institucional, que incentivan la consecución de metas por parte de los fiscales y demás funcionarios. Ello constituye una política pública acertada, pero su eficacia requiere de un manejo transparente y riguroso de los antecedentes y parámetros que determinan tales remuneraciones.

Por lo mismo, no puede sino considerarse grave la alteración de datos en el sistema informático del órgano persecutor respecto de casi 22.000 casos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte -la más grande en términos de volumen de actividad y cuyo resultado sería muy incidente en los índices globales de desempeño- con el fin de aparentar el cumplimiento de una meta que de otro modo no se hubiera logrado. Ello motivó un sumario interno en el que se han formulado cargos a nueve personas, incluido el fiscal regional metropolitano centro norte (aunque sólo por responsabilidad de mando) y funcionarios de la fiscalía nacional.

La situación no solamente arroja dudas sobre la aplicación que se ha hecho del sistema de incentivos y respecto de la gestión en los niveles superiores de la organización, sino que es especialmente preocupante en un ente cuya misión primordial consiste en perseguir conductas impropias en la sociedad y al que cabe, por tanto, exigirle los más altos estándares de corrección en sus actuaciones. Por ello, es indispensable que sus máximas autoridades manifiesten voluntad de esclarecer los hechos y aplicar sanciones a quienes resulten responsables, como asimismo de mantener total transparencia e informar oportunamente a la comunidad. Debido a ello, no corresponde desestimar a priori la existencia de un delito respecto de hechos que aún están bajo investigación y que involucran al propio órgano persecutor, menos aún cuando paralelamente el Consejo de Defensa del Estado ha solicitado los antecedentes del caso para velar por el interés fiscal y establecer el carácter que corresponde atribuirles.

Por otra parte, ha surgido una controversia en relación con el bono de gestión institucional, que se rige por un compromiso que se celebra con el Ministerio de Hacienda. El análisis de su cumplimiento está entregado a una evaluación independiente. El informe que emitió la consultora encargada para el período del año pasado asigna un logro de 75% de las metas, lo que disminuiría el bono a la mitad, motivando algunas movilizaciones de los funcionarios. El fiscal nacional realizó gestiones para lograr el pago completo del incentivo, sosteniendo que dicho reporte debía corregirse. Tras una serie de tratativas, se determinó que las metas se habían cumplido 100% y Hacienda accedería a cancelar la totalidad del bono. Sin embargo, no se ha aclarado lo suficiente si habría relación entre la alteración de datos antes referida con el incumplimiento de las metas de este bono, cuyos resultados deficientes ahora fueron desestimados, situación que seguramente generará nuevos cuestionamientos.

La existencia de mecanismos de incentivo para motivar el cumplimiento de metas en el Ministerio Público fue aprobada por ley y la invocación de la autonomía de que goza no es razón para sustraerse de su aplicación. Si las metas no fueron cumplidas o se lograron de forma irregular, no corresponde que los bonos sean pagados más allá de lo que ella dispone.