EL SUBSECRETARIO del Interior afirmó ante los parlamentarios que “un 30% de las personas que participan (en las marchas) son delincuentes”. Dirigentes que suelen organizar este tipo de manifestaciones reaccionaronn con molestia y criticaron a la autoridad por “criminalizar” a los participantes y exigiendo “un pronunciamiento del gobierno contra la represión”.

Al día siguiente, el subsecretario ofreció disculpas públicas a las personas que se hayan “sentido lesionadas en su dignidad” y por “haber confundido a la ciudadanía con porcentajes inexactos”. Efectivamente, una información de este tipo debe estar sustentada sobre bases e investigaciones sólidas, las mismas que se extrañan cada vez que las movilizaciones derivan en hechos de alta violencia sin mayores detenidos ni menos condenados por delitos evidentes ante la opinión pública.

No obstante, la eventual imprecisión en un porcentaje tampoco puede servir a los dirigentes sociales para ignorar o desmentir una problemática que salta a la vista, como es la acción reiterada de grupos de antisociales en el marco de sus manifestaciones, sin que exista condena explícita de su parte. El daño a la propiedad pública y privada, así como la alteración del orden público y el ataque a Carabineros, constituyen delitos que no pueden terminar amparados por dirigencias temerosas de la reacción de quienes, definitivamente, actúan como delincuentes y, por lo mismo, no merecen disculpa alguna.

La responsabilidad en el ejercicio de la función pública amerita que a la brevedad el subsecretario del Interior entregue la cifra que, de acuerdo a los informes policiales que debería tener y que deben divulgarse, refleja aproximadamente la presencia delincuencial en las manifestaciones.