Señor director:

En una columna publicada recientemente en La Tercera, Marcelo Drago, miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, explica que la actual ley de lobby es sólo “un punto de partida que dista mucho de la meta que el país requiere. Tal como está estructurada, más que de lobby propiamente tal, hablamos de una ley de registro de audiencias” oficiales. Agrega que “el verdadero foco debe estar en los lobistas y los intereses que representan. Lo relevante para la ciudadanía es transparentar qué empresas están pagando para influir en las decisiones públicas y para qué”.

Lamentablemente, la ley de lobby ya es letra muerta y ha quedado completamente superada por la realidad de los hechos que estamos conociendo a diario.

Tal como lo advertimos oportuna y reiteradamente, sólo se incluyó la formalidad de las audiencias oficiales, dejando fuera las reuniones y conversaciones privadas que autoridades y lobistas mantienen a través de sistemas electrónicos, eventos sociales, e-mails o llamadas telefónicas. Ello permite que el oscuro lobby siga actuando con total impunidad y opacidad, afectando gravemente la fe pública y la voluntad democrática con su tráfico de información, influencia y dinero, perjudicando a millones de chilenos en beneficio de unos pocos, y debilitando nuestra institucionalidad y convivencia cívica.

La ciudadanía difícilmente entendería -y menos ahora- que estas situaciones no queden debidamente incorporadas en las modificaciones que se están haciendo a la ley del lobby.

Víctor Pérez Vera
Ex rector Universidad de Chile