"Desde un punto de vista moral, nadie puede obligar a una persona a ir a tratarse una condición a un centro que no está acreditado para hacer ese tratamiento". Así explicó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la iniciativa que está en desarrollo al interior de su cartera y que busca habilitar a las personas para elegir un hospital según las competencias que la entidad posea.

Actualmente, la atención de salud en un recinto público de alta complejidad está determinada, administrativamente, por la ubicación del domicilio del paciente y a partir de la derivación que se realiza desde los consultorios.

El primer cambio en este sentido fue en agosto del año pasado, cuando, ante una consulta del Minsal, la Contraloría dictaminó que las personas pueden inscribirse en cualquier consultorio que pertenezca al Servicio de Salud de su distrito, aunque el recinto se ubique en una comuna distinta al lugar en que reside.

Así, tras comprobar la movilidad a la que tienen derecho los usuarios de la red primaria, el paso siguiente es replicarla a los hospitales. Mañalich, explicó que esta situación ya ocurre, pero de manera irregular, cuando las familias dan una dirección distinta a la de su domicilio real y que corresponde a la jurisdicción del hospital donde prefieren atenderse, para así optar por los tratamientos, médicos o infraestructura. "Estamos elaborando un proyecto de ley para dar completa autonomía de traslado a los pacientes, cosa que hoy día existe, pero en forma irregular (...). Somos partidarios de transparentar eso, porque hacer gestiones para dar domicilios persigue un objetivo que al final es noble, que las personas persigan su mejor bien con completa autonomía, porque creen que van a recibir un mejor tratamiento", dijo Mañalich.

Acreditación

La iniciativa se enmarca en otras dos normativas que regirán a contar de este año. La primera, es la ley de deberes y derechos de los pacientes, que entra en vigencia en octubre próximo. La iniciativa obligará a las clínicas y hospitales a informar los eventos adversos que allí ocurran, es decir, infecciones intrahospitalarias, errores en la identificación de pacientes, fallas en cirugías, entre otras.

A esto se suma, además, la acreditación de calidad que deben obtener los hospitales y clínicas del país, a julio del próximo año, para certificar que sus procesos clínicos y administrativos son seguros para la atención. Los recintos que no cumplan el criterio no podrán dar prestaciones Auge, por lo que el gobierno comprometió llegar a esa fecha con, al menos, 62 hospitales de mayor complejidad acreditados. "Las personas van a tener plena autonomía para decir 'este hospital no está certificado para tratar esta condición de la que yo sufro, por lo tanto, trasládeme a uno donde se pueda'", dijo Mañalich.

Hacia fin de año, la Superintendencia de Salud entregará un ranking de prestadores que, en primera instancia, evaluará la calidad del trato en clínicas y hospitales a partir de una evaluación que harán los propios pacientes. La segunda fase incluirá criterios clínicos y de calidad técnica.

Para el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Nibaldo Mora, que los pacientes puedan optar entre uno u otro hospital aumentará la competitividad entre los recintos. "Es bueno que la gente tenga derecho a atenderse con quien decida. Administrativamente puede ser complicado, pero se va a generar competencia que obligará a que todos empiecen a hacer mejor las cosas", dijo.

En términos de plazos, la idea es que la iniciativa esté vigente durante el 2013. Para que sea operativa, en tanto, una idea es que los pacientes firmen un consentimiento informado, acreditando que el deseo de cambiarse de un hospital a otro corresponde a una necesidad real.