Oak Flat, un sitio sagrado de los apaches al este de Phoenix, está convertido en el epicentro de una larga disputa entre esa tribu, el gobierno de Estados Unidos y las mineras BHP y Río Tinto, que buscan explotar en el lugar un enorme yacimiento de cobre, una de las tres mayores reservas mundiales, con una inversión de US$ 6.000 millones. Y Chile aparece en el medio de ese conflicto.

Dos hilos recurrentes conectan la controversia de Oak Flat (Arizona) con el país, acorde a los documentos administrativos del caso alojados en el poder judicial norteamericano y en el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de ese país. Ambos, con una justificación geopolítica inesperada: la vulnerabilidad que representa la dependencia estadounidense del cobre chileno que representa el 70% de las importaciones de ese país, que además debe comprar en el extranjero el 35% de todo el metal rojo que requiere.

En 2025, el United States Geological Survey (USGS) añadió al cobre y la plata a la lista de minerales críticos que considera vitales para la economía y seguridad nacional de EE.UU., lo que permite acelerar la priorización de proyectos para estos metales, incrementar incentivos fiscales, agilizar permisos de exploración y producción, y potenciar la inversión en procesamiento y reciclaje.

Precisamente el año pasado, después de una larga batalla legal, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de los indígenas, decretando la expropiación de 980 hectáreas de Oak Flat para la realización del proyecto Resolution Copper, un joint venture de las mineras BHP (45%) y Río Tinto (55%) que pretende extraer 18 millones de toneladas. El fallo consideró un intercambio de tierras por 2.209 hectáreas, ubicadas en el sur de Arizona. Pero el 22 de abril pasado, los opositores al proyecto presentaron una nueva demanda para bloquear la mina, que, según afirman en su acción legal, profanará tierras sagradas

La nueva demanda argumenta que el gobierno de EE. UU. admitió que la mina destruirá el sitio religioso, por lo que los apaches nunca más podrán acceder al lugar ni realizar allí sus rituales sagrados. “El gobierno federal aceleró la transferencia de Oak Flat en secreto porque quería eludir una revisión judicial significativa. El tribunal debería anular la transferencia ilegal y proteger la libertad de los apaches occidentales para seguir practicando su culto en Oak Flat por generaciones venideras”, dijo a los medios de Arizona hace dos semanas Luke Goodrich, vicepresidente y asesor principal de The Becket Fund for Religious Liberty y abogado principal de Apache Stronghold, la organización que defiende a los indígenas.

La tribu apache de San Carlos, junto con Apache Stronghold, argumentaron durante años que la expropiación violaría sus derechos religiosos garantizados por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.

Seguridad Nacional

Resolution Copper ofreció un intercambio de tierras en el sur de Arizona por el sitio de la mina, una operación que el Congreso de Estados Unidos autorizó hace más de una década. El 13 de marzo de 2026, el Servicio Forestal de Estados Unidos dio el visto bueno final a la transferencia y la minera espera comenzar la extracción a mediados de la década de 2030. “El proyecto Resolution Copper es vital para asegurar el futuro energético de Estados Unidos, sus necesidades de infraestructura y la defensa nacional, al proporcionar un suministro nacional de cobre y otros minerales críticos”, afirmó la compañía en un comunicado citado por los medios norteamericanos.

El argumento de la seguridad nacional ha sido una constante en este caso. Especialmente en los últimos años, tras la asunción de Donald Trump.

En abril de 2025, Rio Tinto presentó un comentario formal ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos en respuesta a una investigación federal sobre la seguridad nacional y las importaciones de cobre. La empresa afirmó en ese documento que “Chile es el principal proveedor extranjero de cobre refinado para Estados Unidos” e identificó tres categorías de vulnerabilidad para la seguridad nacional del país del norte, debido a su dependencia del metal rojo importado: “el riesgo de desvío de suministros a otros países”, “la reducción potencial de capacidad de refinación en mercados clave”, y “disrupciones logísticas en rutas de transporte”.

La multinacional opera en Chile desde 1989, tiene el 30% de Escondida (asociada a BHP) y alianzas estratégicas con Codelco y Enami para desarrollar proyectos de litio en el Salar de Maricunga y Salares Altoandinos.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que para 2030, la producción total de cobre de minas existentes y en construcción en el mundo solo alcanzará para cubrir el 80% de las necesidades globales.

Como en El Teniente

Chile también proporcionó uno de los fundamentos técnicos que permitió a Resolution Copper asegurar a los reguladores estadounidenses que la construcción de la mina era un proceso controlable y predecible.

El método que utilizará la firma se denomina “block caving” o hundimiento por bloques, una técnica de minería subterránea que funciona mediante la socavación, haciendo que el depósito mineral se derrumbe por su propio peso. Resolution Copper presentó en su Declaración de Impacto Ambiental Final (FEIS) un informe del ingeniero geomecánico Dennis H. Laubscher de octubre de 2000, con historiales de casos de operaciones mineras reales que han utilizado esta técnica: El Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo, operada por la empresa estatal chilena Codelco, “un depósito de cobre porfirítico que es geológicamente idéntico al de Oak Flat”, según detalla el documento.

Otro informe, esta vez de Charles A. Kliche, un ingeniero especializado en métodos de minería, y presentado ante el Servicio Forestal de Estados Unidos, explica por qué la empresa descartó otras alternativas de producción: el block caving era la única opción económicamente viable. El caso está de vuelta en tribunales.