En medio del envejecimiento de la población, los adultos mayores han registrado un crecimiento acelerado. Y junto con este incremento del número de pensionados, también ha subido el gasto estatal en la Pensión Garantizada Universal (PGU). Todo ello, en un contexto donde la situación fiscal del país ha estado en el centro del debate.

Eso es lo que aborda un estudio realizado por la economista Cecilia Cifuentes, directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, titulado “Mercado laboral y pensiones: el problema demográfico y la urgencia de subir la edad legal de pensión“.

Allí muestra que “el ítem de prestaciones previsionales, componente del gasto corriente del Gobierno Central, explicó en 2025 un 20% del aumento del gasto del Gobierno Central, debido principalmente al impacto fiscal que ha tenido la PGU, a lo que se suma el envejecimiento poblacional, que está generando una presión importante en las finanzas públicas”. Explica que el aumento de este componente del gasto fue de un 3,7% real en 2025, y de un 3,9% real en el primer trimestre de este año.

Según los datos contenidos en la Encuesta de Empleo del INE, el estudio enseña que entre 2010 y 2026 la población de 65 años y más prácticamente se duplicó, pasando de 1,6 millones a casi 3 millones de personas. Es más, agrega que “de acuerdo con las estimaciones poblacionales de Celade, la población de 65 (años) y más crecerá a una tasa de 3,4% promedio anual en el próximo quinquenio, lo que genera por esa sola razón un mayor gasto fiscal en la PGU”.

Y recuerda que a esto se suma el aumento gradual en el monto de la PGU que se aprobó en enero de 2025, porque si bien hoy está en $231.732 para los beneficiarios de entre 65 y 81 años; ya llegó a $250.275 para los de 82 años o más. Este último valor aumentará su cobertura a contar de septiembre para los beneficiarios de 75 años o más, y para todos los beneficiarios desde septiembre de 2027.

“Como resultado, el gasto del Pilar Solidario Previsional ha aumentado en forma significativa, tanto por un mayor número de beneficiarios, como también por un mayor beneficio promedio por beneficiario”, afirma. El número de beneficiarios por vejez e invalidez del Pilar Solidario pasó de 1,6 millones en 2019 con un gasto por $2.361.235 millones, a 2,7 millones de beneficiarios en 2025 con un gasto por $7.061.129 millones.

“Esta situación previsional es entonces una razón muy justificada del objetivo de aumentar el crecimiento de tendencia, ya que el Pilar Solidario tendrá una demanda de recursos que sólo por la demografía crece más que el PIB de tendencia actual, y más, por lo tanto, que los ingresos fiscales”, explica.

También sostiene que esto se ve reforzado con los datos recientes del comportamiento de las pensiones de vejez que publica la Superintendencia de Pensiones. “En marzo de 2026 el total de pensionados por vejez subió un 7,9% en doce meses, ritmo de crecimiento similar al del último año, cifras que resultan bastante superiores al crecimiento de la población de 65 años y más, en torno a 3,8%”, detalla.

Agrega que “los pensionados por retiro programado crecen un 12,5% y los pensionados por renta vitalicia, un 13,4%. Son cifras de crecimiento muy altas, que dan cuenta de una realidad demográfica preocupante. No parecen claras las razones detrás de este aumento tan significativo del stock de jubilados, que supera con creces el crecimiento de la población de 65 años y más. ¿Personas que postergaron su jubilación en años anteriores? Podría ser una causa, pero que tampoco se ve claramente en las edades de jubilación".

En ese sentido, el documento señala que la ley hoy establece una edad mínima de jubilación de 65 años para hombres y 60 para las mujeres, “pero existe plena libertad para postergar esa edad de retiro. La edad promedio de jubilación de los hombres se ha mantenido prácticamente constante en la última década, en torno a los 65,4 años. Para las mujeres se observa un aumento, de 61,2 años en diciembre de 2016 a 62,1 años en febrero 2026. Esto ha permitido que se reduzca la brecha de edad entre ambos, de 4,1 a 3,3 años entre hombres y mujeres”.

El estudio recuerda que en los últimos años se han establecido algunos incentivos a postergar la edad de jubilación, pero “han tenido escaso efecto, probablemente en parte producto del desconocimiento de los beneficios”. Primero, a diferencia de lo que ocurría antes, ejemplifica con que la PGU no exige estar jubilado para recibir el beneficio.

Adicionalmente, explica que “la reforma aprobada el año pasado estableció el beneficio por años cotizados, y más importante aún, la compensación por expectativa de vida a las mujeres -el llamado bono tabla- cuyo monto depende que de las mujeres efectivamente posterguen la edad de jubilación hasta los 65 (años), ya que, en ese caso, reciben el monto máximo de compensación. Este beneficio podría haber tenido algún efecto, ya que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 la edad promedio de jubilación aumentó en cuatro meses. No es un impacto significativo, y no hay aún datos suficientes para corroborar que los incentivos han generado un cambio, aunque al menos sube más que la edad efectiva de jubilación masculina”.

Jubilar más tarde

Bajo este escenario, el estudio plantea que “es evidente que queda tarea pendiente en esta materia, ya que en la última década la expectativa de vida posterior a la edad de jubilación, tanto de hombres como de mujeres, ha subido en más de un año, mientras la edad de jubilación de los hombres se ha mantenido, y la de mujeres ha subido en 11 meses. Entonces, el aumento de edad de jubilación promedio para las mujeres ni siquiera compensa la mayor expectativa de vida”.

Así las cosas, asegura que “es urgente subir la edad legal de jubilación. Esto podría atenuar la presión sobre las finanzas públicas que genera la PGU".

En todo caso, aclara que “no se trata de subir la edad de jubilación de los que están prontos a jubilar, sino de las generaciones más jóvenes. Esto se podría acompañar con ir subiendo en forma muy gradual (un mes por año, por ejemplo) la entrega de la PGU, lo que la haría más fiscalmente sostenible de lo que es actualmente". Puntualiza que “una meta razonable sería alcanzar los 65 años para mujeres y 67 años para hombres en un horizonte de 20 años”.

Eso sí, cree que “la objeción de equidad que inevitablemente surgirá en el debate público merece ser anticipada: una fracción importante de los trabajadores, especialmente mujeres en empleos informales o de alta exigencia física, difícilmente puede prolongar su vida laboral hasta los 65 o 67 años. Un diseño bien calibrado debe contemplar excepciones para este grupo”, ya que “sin esa salvaguarda, la propuesta es políticamente vulnerable y socialmente regresiva”.