Hubo harto debate y críticas de los parlamentarios de oposición. Sin embargo, el gobierno, con ayuda del presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el republicano Agustín Romero, que aceleró la discusión, logró finalmente que el llamado “corazón tributario” de la megarreforma avanzara sin cambios sustantivos en esta instancia, que despachó el proyecto en la madrugada de este jueves, aunque fue mayoritariamente solo con los votos de su sector. La comisión tiene 13 miembros, de los cuales ocho representan al oficialismo.

Entre esos cambios se incluyen la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad impositiva por 25 años, entre otras materias.

No obstante, se rechazaron dos normas que para el gobierno son consideras importantes: la eliminación de la franquicia tributaria del Sence que permite a las empresas realizar capacitaciones y la de IA y propiedad intelectual.

El proyecto fue analizado este jueves por la comisión de Medioambiente de la Cámara en lo que respecta a artículos relacionados con esa materia y al término de la sesión el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue consultado sobre si repondrán los dos rechazados antes mencionados.

“Partimos recién con la comisión de Hacienda de la Cámara, tenemos que ir a Sala. Y este proceso losdespués sigue en la Cámara Alta. Así que vamos a seguir estudiando cómo podemos perfeccionar y persuadir para que esas iniciativas estén (en el proyecto)”, señaló el secretario de Estado.

Normas impositivas

La principal medida dentro del “corazón tributario” es la rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23%. Su reducción será gradual para las grandes empresas en tres años. Así, en 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029), y en 2029, a 23% (operación renta 2030). También avanzó la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales del 10%.

Siguiendo con las modificaciones impositivas estructurales, se aprobó con los votos del oficialismo y el PDG, la reintegración de sistema tributario, la que también será gradual, volviendo a una reintegración total en el año tributario 2031.

En la reforma impositiva de 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema impositivo integrado a uno semiintegrado. En la práctica, implica que las empresas pagan un impuesto de Primera Categoría de 27%, pero al momento de retirar utilidades, los dueños solo pueden utilizar una parte (65%) de ese tributo como crédito contra sus impuestos personales, debiendo “restituir” o pagar el saldo. Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños.

La comisión también visó la exención de contribuciones para adultos mayores (65 años) a la vivienda principal, incluyendo estacionamientos y bodegas asociados. Solo aplica a un inmueble por persona en todo el territorio nacional. Entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente a que opere la exención.

Otra norma que tuvo reparos de parte de la oposición y que se aprobó, fue el estatuto de invariabilidad tributaria, el cual crea un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones nacionales y extranjeras superiores a US$50 millones en sectores como minería, energía, infraestructura o telecomunicaciones. El gobierno introdujo como mejora un arbitraje forzoso mixto y la obligaciones de informar las reorganizaciones empresariales. También se agregó contabilidad separada de proyectos conexos. Y se permite celebrar contratos de invariabilidad respecto de proyectos iniciados entre la fecha del mensaje original y la publicación de la ley.

Medidas recaudatorias

Luego, en medidas tributarias transitorias, hubo pequeños ajustes que fueron aceptados por el oficialismo. Así, se visó la rebaja por un año del 50%- en vez del 75% del proyecto original- en el impuesto a las donaciones, limitada a legitimarios y asignatarios de cuarta de mejoras.

De acuerdo a la norma, el valor de lo donado, considerando la totalidad de las donaciones que se acojan a este artículo, no podrá exceder del 50% del patrimonio total del donante, el cual se determinará mediante la resta entre el total de sus activos valorizados de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 y 46 bis de la Ley Nº 16.271, y el total de sus pasivos acreditados.

También se aprobaron las facilidades de pago y condonación de intereses y multas para personas naturales y pymes con deudas tributarias vencidas hasta diciembre de 2025 por parte de la Tesorería General de la República.

Además, se visó la ventana de 12 meses para repatriar capitales. Se establecen dos tasas. Una que es para regularizar bienes y rentas no declarados en el exterior, con impuesto único de 10%, y de 7% si es que esos bienes o rentas se quedan en el país por un plazo de cinco años.

Otra medida recaudatoria que avanzó en la instancia legislativa es la fiscalización al contrabando de tabaco. La norma obliga al Ministerio Público a solicitar la incautación de vehículos usados en contrabando con tributación especial y agrava las penas cuando la mercancía sea tabaco y fija un plazo de 15 días para el remate de vehículos incautados.

Crédito al empleo

En una de sus disposiciones ejes del proyecto, como es el otorgamiento de un crédito tributario al empleo, el Ministerio de Hacienda reestructuró la fórmula para focalizarlo más en mujeres y jóvenes, pero sin modificar ningún aspecto de los cuestionamientos más relevantes que había recibido. Así, ahora, se baja la base del crédito de 15% a 14%, sobre remuneraciones mensuales pagadas por trabajador. Se incrementa 1 punto si es mujer, es decir a 15% y disminuye 1 punto si es hombre, bajando a 13%. Luego, se suman 1,5 puntos si el trabajador es menor de 25 años. Los ajustes son acumulables: así, una mujer menor de 25 años que esté dentro de las remuneraciones entre 7,8 UTM y 12 UTM accede a un crédito de 16,5%.

Con ello, obtuvo los ocho parlamentarios del oficialismo y los del independiente Carlos Bianchi y la DC, Priscilla Castillo. El PDG se abstuvo, mientras el PC y el Frente Amplio lo rechazaron.

Lo demás aprobado

Uno de los pocos artículos que contó con la unanimidad de los diputados de la Comisión de Hacienda fue el aumento del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios que sube su monto de $800.000 a $1.200 millones, ampliando su cobertura a las regiones de Ñuble y Biobío, además de Valparaíso. Se incorporan obligaciones de transparencia. También se aprobó la exención de derechos municipales en zonas afectadas por los incendios

Se visó la norma sobre el régimen tributario para arrendatarios de viviendas DFL2, que permite a personas naturales dueñas de tres o más propiedades de hasta 90 metros cuadrados, optar a un impuesto único de 5% sobre los ingresos por el arriendo bruto, versus el tributo general. Solo con los votos del oficialismo se aprobó la modificación del gobierno que en el caso de las personas jurídicas y empresas individuales que se quieran acoger al mismo 5%, solo podrán hacerlo siempre y cuando su giro sea exclusivamente el arriendo de estas viviendas. Si obtienen otros ingresos, pierden el régimen definitivamente.

También las facultades de fiscalización del SII y acceso a información. Con ello se amplían las facultades de fiscalización del SII para cruzar datos con organismos del Estado, se permite a la Dirección de Presupuestos acceder al Registro Social de Hogares, y se regula el acceso a información bancaria reservada con notificación al contribuyente y derecho a reclamar ante el TTA.

Se aprobaron además las normas relativas a permisos medioambientales. Una de ellas es el plazo de invalidación de autorizaciones sectoriales. El plazo para invalidar actos administrativos que otorguen autorizaciones sectoriales se reduce de dos años a seis meses. También la relocalización de concesiones de acuicultura que tengan por objeto únicamente ajustes cartográficos quedan eximidas del trámite de evaluación ante el SEIA.

Otra norma fue la que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente para eliminar los recursos administrativos contra la RCA. De esa manera, se exime de esa nueva evaluación a modificaciones de proyectos ya aprobados sin cambios sustantivos en sus impactos, y crear un régimen voluntario de tramitación acelerada.

Y también la restitución de gastos por anulación de RCA cuando sea anulada por sentencia firme. En ese caso, el titular podrá solicitar la restitución de los gastos incurridos en la ejecución del proyecto, lo que excluye cualquier acción de indemnización por falta de servicio del Estado.

Lo rechazado

Entre los temas rechazados hubo dos normas más relevantes. Una de ellas era la que buscaba incorporar a la Ley de Propiedad Intelectual una excepción que permitía reproducir y usar obras protegidas sin autorización ni remuneración para extracción y análisis masivo de datos de lenguaje, sonido o imagen.

Para la votación, Hacienda ingresó una indicación para perfeccionarla y propuso la creación de un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual, en adelante “el Fondo”, destinado a financiar, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, un programa fiscal por un mínimo equivalente a 70 mil Unidades Tributarias Mensuales por año, con el objeto de promover el respeto y observancia de los derechos de propiedad intelectual y fomentar la creación protegida por esta ley. Pese a esos cambios, la norma no contó con el apoyo de la oposición, del PDG y de los diputados de RN.

Por su parte, la eliminación de la Franquicia Tributaria del Sence tampoco tuvo el resultado esperado por el Ejecutivo. Y al igual que la norma de propiedad intelectual, fueron los diputados de RN, Diego Schalper y Eduardo Durán, los que se desmarcaron de la propuesta del gobierno y se alinearon con la oposición, por lo que se rechazó ese artículo.

Otra materia rechazada fue la actualización de normas de la Ley de Compras Públicas, la cual buscaba restringir la contratación de parientes de funcionarios del MOP en dichos contratos.