Irregularidades en el control de fondos asignados por el programa Orígenes II, destinado a mejorar la calidad de vida en las comunidades indígenas rurales -que realiza la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi-, detectó una auditoría de la Contraloría General de la República. La entidad resumió sus observaciones en un informe divulgado ayer, y entrega 27 instrucciones a Conadi para aclarar las falencias.

Orígenes II proporciona recursos para el desarrollo social de los pueblos aimara, atacameño, quechua y mapuche y comenzó a operar en 2006, con un presupuesto total de $ 55.272 millones que deberán invertirse hasta julio de 2011. De esa suma, $ 22.700 millones son aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros $ 32.544 millones provienen del Fisco. Sin embargo, Contraloría asegura que el gasto imputable directamente a los órganos fiscales superó los $ 4.590 millones, el 25,3% de los recursos ya usados.

Instrucciones de Contraloría

La auditoría le ordena a la Conadi suspender la entrega de recursos para al menos 16 comunidades, que han recibido recursos y que no han entregado las debidas rendiciones. Asimismo, le solicita a la Conadi confirmar la existencia legal de algunas comunidades indígenas beneficiadas, que no figuran debidamente inscritas.

La Contraloría reprocha la falta de rendiciones contables por $ 8.789 millones, de los cuales el 44% corresponde a gastos realizados por los denominados "servicios subejecutores", y que tampoco se encuentran bien justificados a juicio del órgano.

Orígenes II identifica como "subejecutores" de sus programas sociales a otros servicios públicos como los ministerios de Educación, Salud, el Indap y de Conaf.

El informe instruye a Conadi realizar auditorías exhaustivas a los procesos de traspaso de recursos y que se pida "a las comunidades y personas beneficiarias las rendiciones de cuenta pendientes y proceder a su examen".

El informe también ordena "velar porque los honorarios se paguen con los respaldos y justificaciones debidamente supervisadas" y "verificar que las comunidades que reciben fondos se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos".

Detalles

Entre las situaciones detectadas, la Contraloría menciona casos de proyectos que no se han ejecutado, de gastos que se hacen imputándolos a otros ítemes y de compras de bienes o servicios que se realizan sin cumplir todos los requisitos.

Además, menciona los casos de tres instituciones que mantienen rendiciones pendientes por más de $ 41 millones: el Fondo Nacional de Discapacidad (Fonadis), la Fundación Artesanías de Chile y la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. Según el informe, esta situación se mantiene desde 2007.

Pese a que ni Conadi ni el Ministerio secretaría general de la Presidencia se refirieron al tema, ayer trascendió que el ministro coordinador de políticas indígenas, José Antonio Viera-Gallo, entregará hoy un dossier con descargos a la Contraloría para comprometer modificaciones a la ejecución del programa Orígenes II en lo que queda de su vigencia.