El gobierno ha decidido revisar 298 programas sociales que se han venido llevando adelante a través de cinco ministerios -Educación, Mideplan, Salud, Vivienda y Trabajo-, para definir aquellos que serían incluidos en la Ley de Presupuesto de 2011 y los que serían marginados del financiamiento público, para lo cual dichas carteras tendrán que hacer un rápido análisis de costos y resultados de todos ellos y definir prioridades.

En el mediano plazo, se pretende que Mideplan -que se transformaría en el Ministerio de Desarrollo Social- realice una evaluación sistemática de los programas que ahora se mantengan y de los que agreguen en el futuro.

Se trata de una decisión correcta, en especial cuando la evaluación de los programas sociales había venido en el hecho siendo dejada de lado. La evaluación debe ser parte del diseño y estructura de los programas, no sólo para asegurar que se atiende una necesidad prioritaria y que el instrumento escogido es el idóneo, sino que para monitorear que los resultados previstos se logran y determinar si la iniciativa mantiene sentido, porque las realidades y urgencias son dinámicas y pueden determinar la priorización de otros objetivos.

La ausencia de una política sistemática de evaluación ha determinado que no exista información rigurosa sobre los programas sociales y obviamente obligará a tomar las decisiones inmediatas con base en cuestionamientos gruesos, como son programas que se duplican en sus metas o que tienen altos costos administrativos. En lo sucesivo, sería exigible que cada iniciativa nazca como fruto de un proceso de análisis profundo que indique la prioridad de la falencia que se quiere superar, que establezca los resultados esperados y que ellos son socialmente los más rentables, como, asimismo, que sean acompañadas de una evaluación sistemática para determinar si se obtiene el impacto perseguido y se mantiene la necesidad que se pretende cubrir.

Los programas sociales presentan el riesgo de generar una dependencia que inhiba la capacidad de las personas para autovalerse y mejorar su situación. También pueden provocar clientelismo político y grupos de interés que se oponen a las rectificaciones necesarias.

La existencia de antecedentes y cifras contundentes sobre los efectos de los programas es la mejor manera para enfrentar esos problemas a la hora de introducirles las enmiendas que sean recomendables o bien cesar su aplicación.

En ese contexto, preocupan los antecedentes aportados por un reciente informe del Grupo de Política Social (GPS), que está compuesto por profesionales independientes y de diversas universidades. El documento señala que no es posible entregar una respuesta definitiva sobre los resultados después de ocho años de aplicación del programa Chile Solidario, porque no cuenta con un buen diseño de evaluación.

Incluso, el GPS indica que los antecedentes disponibles apuntan a que el programa no ha producido mejoras que le sean atribuibles en las condiciones de empleo e ingresos en las familias beneficiarias, con lo cual sería imposible que logre su objetivo de terminar con la extrema pobreza. De esta manera, no sólo queda en entredicho el resultado de la iniciativa, sino, además, se sugiere que careció de la posibilidad de que se hicieran correcciones durante su vigencia.

Esto sería doblemente grave, toda vez que el programa, que supone un apoyo integral a las familias en extrema pobreza, se presentó en su momento como una estrategia clave en la lucha para la superación de dicho flagelo, con gran despliegue por parte del gobierno de entonces.

El fracaso de un programa social es un hecho grave, porque produce en sus beneficiarios sensación de injusticia y desafección por el modelo socioeconómico de desarrollo que ha demostrado ser el apropiado, y una virtual dilapidación de los recursos públicos. La evaluación integral de las iniciativas es indispensable para evitarlo.