Desde octubre de 2024 que la Fiscalía Regional de Los Lagos ha obtenido sucesivas autorizaciones para alzar el secreto bancario de las cuentas y productos de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y de otros imputados en la trama bielorrusa.

Esto, como ha recalcado el ente persecutor, con el objetivo de pesquisar sus dineros y eventualmente trazar la ruta que habrían seguido los fondos que se le imputa haber recibido por parte de los abogados Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas por concepto de coimas.

Conforme han ido avanzando las diligencias, el fiscal Marco Muñoz ha hecho presente ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que requieren ir más allá de los períodos en que se había pedido levantar el secreto de los productos bancarios de la exjueza.

A inicios de mayo, de hecho, el persecutor volvió a pedir una ampliación del alzamiento. En esa ocasión, para analizar los movimientos de las cuentas de Vivanco antes de que llegara a la Suprema, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Y lo mismo respecto de su expareja, Gonzalo Migueles.

Como se lee en la solicitud del fiscal Muñoz, lo anterior responde a que se está haciendo una completa revisión patrimonial de la otrora magistrada y notaron que justamente ese año vendió un departamento que tenía en Viña del Mar, que había comprado en 2007 y que se le pagó en efectivo.

“El 28 de abril de 2017, esto es transcurrido 10 años de la compra, procedió a venderlo en la suma de 5.200 UF, ($138.082.620 pesos de la época) recibiendo como precio al contado y en dinero en efectivo, procediéndose al alzamiento y cancelación de la hipoteca”, se lee en el requerimiento.

Hicieron presente que “para efectos de la pericia patrimonial que se realiza en la causa con ocasión de los delitos que se investigan, resulta necesario averiguar con que cantidad de dinero de los $138.082.620 pesos se pagó el saldo de precio al banco Santander, cuanto fue el remanente del que pudo disponer en efectivo y qué operaciones realizó o pudo haber realizado con dicho dinero".

“La venta ocurre en el año 2017, esto es un año antes de que asumió como ministra de la Corte Suprema, y dicho antecedente es necesario para el correcto análisis financiero de los años 2018 y siguientes, toda vez que es preciso determinar sus recursos financieros disponibles a partir de dicho hecho económico relevante (venta de inmueble) por el que recibe una suma cuantiosa de dinero, su uso, destino y justificación de futuras inversiones y gastos", se detalló.

¿Por qué también ampliar el alzamiento respecto de Migueles? Desde la Fiscalía sostuvieron que, a esa fecha, él mantenía una relación con la exjueza, y se ha inferido que tenían “economías integradas”.

Por tanto, expuso el fiscal, “también resulta necesaria la diligencia para la correcta aplicación de la metodología de análisis patrimonial financiero a Ángela Vivanco y su círculo familiar cercano”.

Así, se solicitó -y posteriormente autorizó por parte del tribunal- pedir a las distintas entidades bancarias que remitan nómina de todos los productos bancarios, sin exclusión y de cualquier naturaleza, nacionales y extranjeros, que mantienen o han mantenido los imputados mencionados.

Se pidieron cartolas, estados de cuenta, cheques girados, apertura de cuentas, detalle de cualquier documento emitido o retirado, depósitos, inversiones, además de información sobre todos los movimientos que registren las tarjetas asociadas.

En medio de la presentación el fiscal Muñoz, subrayó que “durante el desarrollo de esta investigación se ha advertido la existencia de maniobras concordantes con conductas y tipologías de lavado de activos, siendo necesario conocer los movimientos bancarios de los sujetos solicitados, resultando necesaria y pertinente la diligencia a fin de acreditar o descartar la comisión de los delitos antes señalados, siendo necesaria la ampliación del alzamiento del secreto bancario”.

Considerando aquello, también manifestó que resulta necesario conocer el nivel de deuda consolidada de Vivanco y Migueles ante la CMF “a fin de establecer sus capacidades de endeudamiento y determinar si este se relacionan con sus ingresos declarados”, por lo que igualmente pidieron se les autorizara a ello. Y se concedió.