Este martes Junaeb denunció ante el Ministerio Público a casi una decena de personas de la administración pasaba de esa misma institución tras los hallazgos emanados de la auditoría mandatada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del gobierno de José Antonio Kast.

Y aunque algunos antecedentes ya habían salido a la luz cuando este caso explotó en 2023, en esta nueva investigación la organización ahora liderada por Fernando Peña dice haber detectado irregularidades que sobrepasan los 14 mil millones de pesos por posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con pagos por servicios no realizados y sobreprecios en contratos con la empresa Soser en la Región de O’Higgins.

Este medio pudo confirmar que la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, asignó la causa a la fiscal Constanza Encina, quien deberá analizar todos los antecedentes que aportó la administración actual de Junaeb.

Dentro de ellos, según conoció La Tercera, hay personas apuntadas con nombre y apellido por los hechos que se investigarán. También tres empresas.

La licitación

Los antecedentes recopilados tienen relación con la licitación 18-20 de Junaeb. En la cronología de hechos, la auditoría se remonta al 29 de diciembre de 2017, cuando la entonces presidenta Michelle Bachelet seleccionó a Jaime Tohá como secretario general de la Junaeb tras un concurso por ADP, especificando que se mantuvo en el cargo hasta el 1 de abril de 2022, ya con Gabriel Boric en la presidencia. A partir de esa fecha, la dirección fue subrogada por Pablo Baeza hasta el 10 de agosto de ese año, cuando asumió Camila Rubio.

En ese relato se menciona que las bases de licitación de 2018 presentaron distintos problemas, por lo que Junaeb debió realizar diversos contratos por trato directo. En ese contexto, en 2019 la institución contrató vía trato directo a Inventia Consultores SpA por $120 millones para que revisara las bases de licitación y formulara las correcciones necesarias de cara al proceso de 2020 para proveer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en siete regiones, incluyendo O’Higgins, por el período 2021 a 2023. Según la auditoría de Junaeb, Inventia había sido constituída el mismo año en que se contrató por el ingeniero civil Luis Maluenda y el abogado Claudio Pérez. Allí también trabajó Marco Carmach.

Se contextualiza que los tres estuvieron ligados a la Subsecretaría de Transportes durante su trayectoria laboral. Este dato es relevante, puesto que Lorna Villalobos, quien en el proceso licitatorio ejercía el cargo de Jefa del Departamento de Programas Junaeb -donde se alojaba el PAE-, trabajó en la Subsecretaría de Transportes entre 2007 y 2011. En ese período, dicen, coincidió con integrantes de Inventia.

Según la investigación, fue Villalobos quien solicitó al Departamento de Compras y Licitaciones de Junaeb la contratación de Inventia vía trato directo, lo que queda demostrado en un documento interno fechado el 9 de agosto de 2019. Ese contrato se aprobó, vía resolución exenta, el 16 de diciembre de 2019, luego del visto bueno del entonces jefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca.

En 2020, Inventia propuso nuevas bases de licitación y para implementarlas y dar “soporte funcional y evolutivo”, Junaeb contrató a otra empresa por $24.990.000, esta vez por convenio marco. Se trata de Servicios Tecnológicos Coordenadas SpA. Esa evaluación para designar a la empresa, acorde a los antecedentes que ahora aporta Junaeb a fiscalía, la hizo Lorna Villalobos, quien tuvo injerencia en otras seis contrataciones con la misma empresa por cerca de $ 550 millones. Hoy, Villalobos trabaja para Servicios Tecnológicos Coordenadas SpA.

O’Higgins

Los datos dicen que la ejecución del PAE se asignó a 17 empresas, quienes se dividieron las 42 Unidades Territoriales en siete regiones. Una de ellas era O’Higgins, donde se originó toda esta situación.

En esta región, según Junaeb, una de las deficiencias de la licitación 18-20 no contempló bandas de precios, lo que implica que cada empresa podía ofertar el precio que estimara pertinente para los servicios de desayuno, almuerzo u once. Según los antecedentes aportados, los precios de las empresas variaban entre los $ 800 y los $ 2.000 para los almuerzos, y Soser S.A. ofertó en torno a los $ 1.100 e, incluso, uno por $ 300. Su oferta para las onces en educación básica fue de $ 6.522,1 y por la reajustabilidad esto subió a $ 7.895,5 en 2022 y $8.680 en 2023.

En la información pesquisada por Junaeb se asegura que las bases de licitación diseñadas por Inventia eliminaron esas bandas de precio, lo que permitía al sistema definir la asignación de las Unidades Territoriales obviando el costo de las onces, pues al mismo tiempo consideraba los bajos precios de sus otros servicios. Básicamente, el sistema sin bandas de precios dejaba pasar esas fallas en las variables.

También se contextualiza que para estimar la cantidad de raciones que se debe solicitar a una empresa por cada servicio, Junaeb evalúa la cantidad de raciones programadas y servidas que tuvo el año anterior a una licitación. En este caso se debía observar lo ocurrido en 2019: la cantidad de onces desde prekinder a cuarto medio programadas era de 1.017.404 y las servidas, 579.329. Mientras, se reseña que la oferta de onces para la educación básica en O’Higgins en 2019 proyectó 623.986 raciones, pero entregó 401.151.

Entre los datos aportados están que la región enfrentó un masivo paro de profesores de 51 días, lo que llevó a una mayor cantidad de solicitudes de raciones de once en ese período por la recuperación de clases en las tardes. Además, se recuerda que con la llegada del Covid a Chile los establecimientos educacionales fueron cerrados y las clases presenciales recién se retomaron en 2022. Lo anterior también es relevante considerando que lo establecido en las bases de licitación comprometía el pago del 40% del contrato a todo evento, mientras que el 60% restante se pagaba en virtud de la cantidad de raciones efectivamente servidas. En la práctica, en 2021 la cantidad de raciones programadas para toda la región fue de 814.097 y las efectivamente servidas fue de cero. Sin embargo, por contrato Junaeb debió pagar a Soser el 40% de lo proyectado, es decir, $2.082.689.741.

Para 2022 y a sabiendas de los resultados de 2021, las proyecciones no se corrigieron. De hecho, Junaeb pone en este caso el foco en Layseca, entonces jefe jurídico de Junaeb. A través de un mail, el 12 de agosto de 2022 entregó su visto bueno para la modificación del contrato de la licitación 18-20, autorizando el aumento del pago a todo evento de 40% a 60%, además de un ajuste en la cantidad de raciones asignadas. Hoy Layseca es asesor jurídico de Soser.

Esa modificación de contrato se efectuó el 14 de noviembre de 2022 sin control de legalidad por parte de Contraloría y la resolución exenta respectiva tiene fecha el 13 de diciembre de 2022, firmada por la ya asumida directora Camila Rubio. El texto especificaba que su aplicación era retroactiva desde el 1 de agosto de ese año. Con 796.043 raciones proyectadas y sin ninguna servida, Junaeb pagó a Soser esta vez $3.583.318.458. En 2023, la Contraloría entonces comandada por Jorge Bermúdez se pronunció sobre esta no toma de razón: “Es menester concluir que la Junaeb debió remitir a esta entidad fiscalizadora los actos administrativos que aprobaron tales modificaciones para los efectos de su control previo de juridicidad”, se lee en ese documento.

Luego, para 2023, la información entregada al Ministerio Público por parte de Junaeb dice que la modificación de contratos de la licitación 18-20 permitía realizar un ajuste en la cantidad de raciones programadas en enero de ese año. Y que aunque en la mayoría de los casos Junaeb redujo a cero la cantidad de onces programadas, en el caso de Soser, se asegura, aumentaron al doble o más, con un total de 1.737.942 entre todas las unidades territoriales que le competían a la empresa. Aquí se advierte que quien ordenó el aumento de asignaciones es Francisco Pizarro, entonces jefe del Departamento de Alimentación Estudiantil. Así, sin haber servido raciones de once, Junaeb pagó a Soser $8.697.331.000.

Cabe precisar que aunque en 2022 y 2023 los colegios ya habían retomado las clases presenciales tras la pandemia, en Junaeb en general se coincide que el servicio de once es excepcional y se entregan muy pocas, generalmente por recuperación de clases o actividades extraprogramáticas. En este caso, al revisar los pagos realizados, el componente variable -lo que se debe pagar por ración- le arroja cero a la actual administración, lo que implica que sólo hubo pagos por lo que se proyectó. Además, fuentes internas reseñan que los encargados del PAE de los establecimientos que certifican la entrega de raciones dicen que no se sirvió ninguna.

Según la pesquisa, esto significó, sumando los tres años, una proyección de 3.348.082 raciones, con un pago a todo evento de $14.363.739.199. Este es el monto que actualmente Junaeb ha catalogado como irregular.

Al ser consultado por la denuncia, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dice a La Tercera que “cualquier investigación que tenga una cuantía, datos como los que se han anunciado -aproximadamente más de $14 mil millones podría haber perdido el Fisco como consecuencia de un fraude-, es una investigación que requiere la mayor atención”.

Y aunque en cuando estalló todo esto en 2023 Soser se autodenunció en fiscalía y fue sobreseído, Valencia señala que los recientes “son hechos nuevos” y que “al menos en un primer análisis de los antecedentes, advertimos que esto no habían sido investigado por el Ministerio Público con anterioridad. No había consideración de esos hechos”.