Ha generado polémica la presentación del símbolo que identificará al gobierno recién asumido durante los próximos cuatro años, particularmente por el hecho de que incluye una adaptación del escudo nacional y también porque su contenido lo asocia al gobierno de turno más que al Estado de Chile.

Más allá de lo puramente estético, resulta inconveniente que se persista en centrar la identificación de políticas y obras que son propias del Estado de Chile con un gobierno, que es de suyo transitorio y al que no le corresponde asumir como propio lo que corresponde al esfuerzo que se realiza con los recursos de todos los chilenos.

A partir del gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, y luego durante todo el período de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se introdujo la práctica de identificar todos los programas y proyectos del Estado a través de un símbolo -el ya conocido cubo con los colores azul, blanco y rojo- que no corresponde a ninguno de los emblemas nacionales oficiales. Así, cuando se identificaba un nuevo puente o camino, o se difundía a través de la publicidad un nuevo subsidio, aparecían hechos u otorgados por el "Gobierno de Chile" y no por el "Estado de Chile".

Hay una diferencia profunda entre esos dos conceptos. El Estado agrupa a todos los chilenos y son ellos quienes concurren con sus impuestos a financiar las obras y beneficios que se entregan. Por ello, no corresponde que quienes detentan transitoriamente la administración del Estado se arroguen la titularidad del otorgamiento de esos beneficios, porque su aporte -por supuesto valioso y encomiable- es el de cumplir con el rol de proponer y aplicar las leyes que aprueban estas medidas.

Se ha producido en esta materia, además, una cierta trastocación de las responsabilidades públicas: cuando se trata de las políticas que se aplican en uno u otro sentido en áreas específicas del gobierno -como las medidas que se adoptan en delincuencia, educación o salud- se reclama que ellas sean "políticas de Estado", quedando así en un cierto limbo la asignación de las responsabilidades sobre ellas, en circunstancias que claramente deberían ser consideradas "políticas del gobierno", ya que responden en lo sustancial a su decisión.  A su vez, las obras, subsidios y beneficios, que son verdaderamente otorgados "por el Estado" aparecen siendo entregados, incluso graciosamente, por las autoridades de turno, "el gobierno de Chile", lo que no es consistente con su verdadero origen.

Según lo señalado por la vocera de Gobierno, "en estos difíciles momentos por los que atraviesa el país es necesario apelar a la unidad nacional, y es por eso que buscamos un símbolo que representara nuestra historia republicana y que identifique a todos los chilenos". El sitio web oficial señala que para cumplir ese propósito se usó "como base el escudo nacional".

Si bien el propósito de aunar a los chilenos es loable, no parece adecuado que la autoridad se arrogue la facultad de crear nuevos símbolos nacionales o modificar los existentes. Cabe tener presente que, conforme a la Constitución Política, sólo mediante una ley se puede modificar "la forma o características de los emblemas nacionales", entendiendo por tales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Esta exigencia de ley es justificada, porque responde a la obvia conveniencia de que esos símbolos representen a un consenso de todo el país y no sólo la decisión de la administración de turno.

La inclusión en el nuevo símbolo de una expresión del escudo tradicional, aun cuando vuelve a lo menos en parte a lo que son los símbolos oficiales, constituye una modificación también inconveniente de su contenido oficial.

En la línea del propósito anunciado por la nueva administración de hacer un gobierno de unidad, una buena señal sería comenzar por restablecer en  los símbolos la alusión  al Estado y así identificar con ellos a todos los chilenos.