Tuvieron que transcurrir más de siete años para que el Congreso despachara el proyecto de ley presentado en 2018 tendiente a reformar integralmente el sistema de inteligencia, constituyendo un paso relevante no solo por la amplia mayoría con que este proyecto fue aprobado tanto en el Senado como en la Cámara, sino porque se hace cargo de una de las grandes falencias que presentaba nuestro sistema de seguridad, al carecer de una institucionalidad mucho más robusta en materia de inteligencia.

La actual ley sobre Sistema de Inteligencia del Estado y que además crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) data de 2004. Con el paso del tiempo se hizo evidente que el sistema de inteligencia seguía funcionando de una manera dispersa, sin que la ANI pudiera desempeñar un rol efectivo de coordinación, siendo además dicha agencia motivo de cuestionamientos por sus escasas capacidades para producir insumos útiles en labores de inteligencia, tanto por su falta de personal como por sus limitadas facultades.

Entre otros aspectos, la nueva ley contempla que el Sistema Nacional de Inteligencia tendrá por finalidad agrupar y coordinar a todos los organismos que ejercen inteligencia en el país, partiendo por la ANI y hasta las unidades de este tipo en las policías y FF.AA. También se contempla que existirán colaboradores del sistema, entre los que destacan Gendarmería, Aduanas, Cancillería, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, entre otros. Se refuerzan los mecanismos de coordinación entre integrantes y colaboradores del Sistema Nacional de Inteligencia, de modo que la información se pueda compartir más fluidamente.

Asimismo, la ANI aparece ahora con un rol más reforzado. Su director, por de pronto, liderará el Comité de Inteligencia del Estado, que tendrá la función de coordinar a distintos organismos de inteligencia, en tanto que la agencia tendrá nuevas funciones en áreas como ciberseguridad o infraestructura crítica. También habrá procedimientos especiales para la obtención de información, donde la ANI contará con la facultad para formar y capacitar “agentes de campo”, probablemente una de las innovaciones más sustantivas. La nueva ley contempla asimismo un régimen de responsabilidades y sanciones penales por uso indebido de técnicas especiales de investigación, utilización de inteligencia con fines políticos o por la filtración o mal uso de información secreta.

Es claro que el país enfrenta hoy amenazas mucho más complejas que las que había hace más de dos décadas, donde destaca sobre todo el peligro que representa el crimen organizado. Este va mucho más allá de los grupos dedicados al narcotráfico, y en la medida que no sea posible detectar a tiempo sus tentáculos se pone en riesgo al Estado mismo. También es clave que permita avanzar en la detección de aquellos grupos que siguen practicando la violencia terrorista en la Macrozona Sur, de modo que ya no sea necesario mantener tropas desplegadas de forma permanente sino que las acciones del Estado se focalicen en aspectos concretos.

Ahora será tarea de las autoridades demostrar que con estas nuevas facultades y diseño se podrán exhibir en corto plazo resultados concretos, desmintiendo a quienes solo ven aquí un cambio meramente burocrático.