Un reportaje publicado por este medio reveló que la tasa de titulados que dejaron de pagar sus obligaciones por concepto de Crédito con Aval del Estado (CAE) aumentó 25 puntos bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En efecto, si a inicios de esta administración las garantías ejecutadas por no pago representaban el 28% del total de egresados -totalizando unos 163 mil deudores-, al cierre de 2025 dicho porcentaje había escalado al 53% (423 mil deudores). Si bien en cada año hubo un aumento en la ejecución de garantías para el caso de los egresados -similar tendencia se observa en el caso de aquellos estudiantes que tomaron el CAE pero que desertaron-, el crecimiento se aceleró en los años 2024 y 2025.

Estos antecedentes reabren el debate sobre las razones que hay detrás de la morosidad, cuya correcta comprensión resulta clave para el diseño de las políticas públicas. Más allá de que durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera también se registró un aumento en las garantías ejecutadas, resulta claro que bajo esta administración el incremento ha sido mayor. Las autoridades de educación insisten en que hay distintas causas que explican el fenómeno, donde una de las más relevantes sería el deterioro de las condiciones de empleabilidad que enfrentan los egresados, que hoy resultan más restrictivas tanto en empleo como en remuneraciones respecto a cuando se diseñó el instrumento.

Si bien parte de la morosidad podría explicarse por condiciones atribuibles al mercado laboral -donde cabría evaluar hasta dónde las políticas de incremento del salario mínimo bajo este gobierno han tenido responsabilidad en menores oportunidades de empleo para los trabajadores más jóvenes-, parece improbable que esta sea la variable más relevante, considerando que el CAE ofrece la posibilidad de no pagar en la medida que el deudor no tenga empleo y de rebajar la cuota si acaso esta excede el 10% de sus ingresos. Atendida la magnitud en que ha crecido la morosidad en los últimos años, parece haber una vinculación directa con la promesa de campaña que hizo el gobierno en orden a condonar las deudas originadas en el CAE, lo que claramente desincentivó el pago en estudiantes que desertaron como en aquellos ya egresados, evidentemente ante la expectativa de un “perdonazo”. Esto resulta aún más evidente tomando en cuenta que sobre el 70% de los egresados paga una cuota promedio que no supera los $40 mil mensuales, mientras que el promedio del saldo pendiente alcanza los $6,7 millones, es decir, difícilmente se trata de condiciones que ahoguen a los deudores y que justifiquen aumentos de esta magnitud en la morosidad.

Los antecedentes conocidos en relación con el CAE sirven para ilustrar con nitidez el riesgo al que se exponen las políticas públicas cuando terminan siendo capturadas por lógicas políticas o por pulsiones populistas, las que por su naturaleza van a propender a “perdonazos” periódicos o intentos por disminuir los pagos que corresponden, amparándose en la lógica de la “gratuidad”. Estas consideraciones también se deberían tener presente en la discusión del FES -mecanismo que busca reemplazar al CAE-, porque si bien en esta propuesta del Ejecutivo se propone que la recaudación de la deuda se haga a través del SII -y así tener un mínimo de morosidad-, esto no será ninguna garantía si es que no hay una contención efectiva de las presiones políticas, lo cual resulta crítico cuando nuestra situación fiscal carece de cualquier tipo de holgura.