La estructura de mayores aranceles que el Presidente Donald Trump comenzó a aplicar el año pasado a la mayor parte de los países del mundo -con una tasa base que partía en 10%-, amparándose para ello en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (o IEEPA, por sus siglas en inglés), fue derrumbada luego del contundente fallo emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos, donde una sólida mayoría de seis votos contra tres -que incluyó a jueces conservadores nombrados por el propio Trump- estableció que la facultad que entrega la IEEPA para “regular las importaciones” no supone entregar al Presidente el poder para establecer aranceles, potestad que solo recae en el Congreso.

El voto de mayoría dejó establecido que cuando el Congreso delegó sus poderes arancelarios, lo hizo sujeto a estrictos límites, algo que ciertamente no se ha cumplido, cuando el Mandatario no solo ha aplicado tarifas de una manera completamente discrecional -Trump ha señalado que estos aranceles recíprocos son una forma de equilibrar el déficit comercial de Estados Unidos, pero también los ha aplicado en algunos casos acusando de tráfico ilegal de fentanilo-, sino que incluso ha utilizado las mayores tarifas como arma de presión para lograr todo tipo de objetivos geopolíticos.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos supone un paso relevante, porque es la primera vez que de una manera nítida otro poder del Estado coloca límites a las facultades que Trump está ejerciendo, que hasta ahora aparecían incontrarrestables. La base de la democracia estadounidense ha descansado en el apego a la Constitución, la solidez de sus instituciones y en los controles y equilibrios que impiden que un estamento adquiera poderes inmoderados. El máximo tribunal ya tiene una mayoría conservadora, y se le había acusado de ser especialmente permisivo con el Presidente en su segundo mandato, de modo que la señal que ha enviado resulta especialmente indicativa que la Corte podría estar dispuesta a escuchar casos que puedan desafiar la autoridad del Mandatario.

Con todo, sería iluso suponer que a partir de este fallo el Presidente Trump no persistirá en seguir adelante con su arremetida arancelaria. El Mandatario podría echar mano a una serie de leyes que de algún modo le permitirían reconstruir su arsenal tarifario. Es de hecho lo que hizo apenas conocido el fallo de la Corte Suprema, invocando otra ley comercial -la Sección 122-, anunciando un arancel global de 10%, que luego aumentó al 15%, sin entregar mayores detalles, abriendo desde luego nuevos espacios de incertidumbre, pues no es claro en qué quedarán los distintos acuerdos comerciales que la Casa Blanca ha ido cerrando -o está en vías de hacerlo- con diferentes países, entre ellos Chile.

Las leyes comerciales a las que Trump puede echar mano son más restrictivas que la IEEPA -de hecho, la sección 122 solo puede ser aplicada por un tiempo limitado, a partir del cual requiere aprobación del Congreso-, lo que podría dar mayor predictibilidad a las reglas del comercio internacional, aunque los dichos de Trump en orden a que la Corte Suprema sin querer le dio “más poder y fuerza” a partir de su resolución -porque que no tocó su facultad de utilizar otras tarifas-, amenazando con que otros impuestos podrían ser utilizados en una forma mucho más potente y “terrible”, dan cuenta de que Trump no pretende detenerse.