El reciente debate electoral entre Jeannette Jara y José Antonio Kast dejó en evidencia la ausencia de una discusión más en profundidad sobre el diseño de la política laboral en Chile, donde se haga ver con claridad ante la ciudadanía que reformas como la reducción de la jornada a 40 horas semanales o el fuerte aumento del salario mínimo tienen importantes costos para el mercado del trabajo, porque de otro modo se da la equivocada impresión de que cambios de este tipo solo conllevan beneficios para la sociedad y que su implementación es inocua.

Fue evidente que la candidata oficialista defendió ambas reformas como avances sociales significativos para las familias, mientras que su contendor evitó cuestionarlas, probablemente por razones estratégicas durante la campaña. Frente a lo anterior, es necesario recordar que las reformas que incrementan los costos del trabajo generan efectos reales sobre la contratación y la dinámica del empleo formal.

El Informe de Política Monetaria del Banco Central de septiembre pasado reconoció un aumento significativo de los costos laborales por encima de su trayectoria prepandemia. El informe señaló como causas de este incremento el alza del salario mínimo y el avance hacia la jornada de 40 horas. También señaló que la creación de empleo asalariado formal se mantiene débil y que la productividad no ha crecido al ritmo necesario para absorber estas reformas sin efectos adversos. En un escenario de bajo dinamismo económico, los incrementos regulatorios del costo del trabajo se traducen en restricciones reales para contratar y sostener empleo.

Por su parte, un estudio de la Sofofa -encargado al economista Juan Bravo- aportó evidencia sobre los efectos en el empleo de tres reformas laborales recientes. El análisis estimó que los cambios en el salario mínimo, la reducción de la jornada y el aumento de cotizaciones habrían elevado el costo salarial por hora entre 5% y casi 7%, lo que se asocia a una menor generación de hasta 120 mil puestos de trabajo. Estas estimaciones coinciden con evidencia internacional, en cuanto a que los aumentos de costos no acompañados de incrementos de productividad tienden a reducir la demanda por empleo formal.

Cuando solo se acentúan los beneficios que producen dichas reformas, se omite que todo aumento de costos debe ser internalizado por las empresas y que los ajustes no son inocuos. Los mecanismos de respuesta incluyen reorganización de procesos, adopción de tecnologías que sustituyen mano de obra, moderación salarial o directamente menores niveles de contratación. Estos impactos se acentúan en las pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes estrechos y menor capacidad de adaptación. En el debate de Anatel del martes -que fue el último de esta campaña- se perdió la oportunidad para hacer presente que la evidencia económica muestra que las mejoras laborales son más duraderas cuando se diseñan en equilibrio con la capacidad productiva del país y cuando se evalúan con transparencia sus costos y beneficios.