No había precedente de que un Mandatario, valiéndose del expediente de una cadena nacional, aprovechara la instancia para criticar abiertamente a candidaturas opositoras, tal como lo hizo el Presidente Gabriel Boric. Presentando los principales lineamientos de la Ley de Presupuestos para 2026, el jefe de Estado planteó que “es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6 mil millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU”.

Con ello hizo una alusión directa -sin mencionarlo- al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien desde luego no dejó pasar la oportunidad y respondió al Mandatario en duros términos. Y si bien fue el Presidente quien lideró esta ofensiva, también se sumó el ministro del Interior, quien además de defender el derecho que tiene el jefe de Estado para opinar en cualquier debate democrático, volvió sobre el punto, en orden a que Kast debe clarificar qué partidas va a recortar para efectos de llegar a la meta fiscal que se ha propuesto, develando que más que un exabrupto de Boric, sugiere un diseño planificado desde La Moneda para intervenir directamente en la campaña. Un efecto no anticipado de esta jugada es que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, tomó distancia de esta estrategia, planteando que si fuese Presidenta no utilizaría una cadena nacional para estos propósitos.

La intervención del jefe de Estado sienta así un precedente especialmente negativo, quebrando códigos que hasta aquí ningún gobierno se había atrevido a vulnerar. Es una señal bastante clara además de que La Moneda no pretende ser prescindente en esta contienda -la propia vocera ya antes había dado indicios en ese sentido-, lo que pone al gobierno en el límite de lo que ha instruido la Contraloría, empañando la campaña presidencial.

Claramente lo que ha dado espacio para que el Mandatario haya intervenido en la forma en que lo hizo responde a que la discusión presupuestaria, como ocurre en todos los años electorales, ha coincidido con la campaña presidencial. Por supuesto que esto no debería ser una excusa, porque en cada administración su última ley de presupuestos coincide con la antesala de las elecciones generales, y nadie hasta aquí la había utilizado para un abierto intervencionismo electoral. Lo cierto es que a partir de lo sucedido, donde un gobierno ha decidido correr el cerco, es razonable cuestionarse si ha llegado el momento de replantear cómo se aborda la discusión presupuestaria en años electorales. Desde luego, esto no solo debería circunscribirse a la forma de prevenir el riesgo de que esta pueda ser capturada para una utilización con fines políticos, sino que también debería extenderse a evaluar la pertinencia de que las autoridades entrantes tengan algo que decir en la discusión de la Ley de Presupuestos.

Esto último se trata de una dimensión que merece ser evaluada en su propio mérito, porque en cada año electoral se produce una discusión del presupuesto donde en la práctica se deja fuera la visión de las autoridades electas. Posiblemente en épocas anteriores este aspecto no se consideró relevante, pero en un escenario cada vez más complejo en materia fiscal y con enormes desafíos en ámbitos como el crecimiento, seguridad, salud y educación -por mencionar solo algunos de los aspectos más críticos-, vale la pena preguntarse si resulta pertinente que la administración entrante quede en buena medida amarrada a lo menos por un año en función de las prioridades que determine el gobierno saliente y el Congreso en funciones. Que además existan señales de creciente intervencionismo electoral valiéndose del debate presupuestario hace todavía más válido considerar opciones en esta línea.

Si algo ha sido evidente en este momento es el activo involucramiento de algunas candidaturas en el debate presupuestario, ya sea criticando la fórmula mediante la cual el gobierno cambió la glosa de libre disposición, cuestionando los recortes en ciertas áreas o bien reprochando lo que algunos consideran como una falta de transparencia respecto de la verdadera situación fiscal del país, lo que confirma que desentenderse de sus opiniones en la tramitación del presupuesto ya no resulta sencillo, anticipando que en el futuro esta participación más activa de quienes aspiran a gobernar probablemente se acentuará.

Una discusión de la Ley de Presupuestos que involucre la visión de las nuevas autoridades -ya sea que se haga de forma vinculante o no- implica que el debate legislativo tendrá lugar en una fecha posterior a las elecciones, lo cual ayudaría a reducir el riesgo de que dicho trámite quede capturado por el ciclo político. Para que esta participación pueda tener lugar, si bien está la alternativa de cambiar la fecha de la discusión presupuestaria -lo que entonces debería hacerse para todos los períodos, no solo los eleccionarios-, la opción más realista sería adelantar las elecciones generales para de esa forma discutir el presupuesto posteriormente.

Se trata de una alternativa ciertamente audaz, pero que sería un buen desafío para nuestro sistema político. Es cierto que cambiar la fecha de las elecciones inicialmente conllevaría una serie de problemas prácticos, pero no hay razones de fondo que impidan hacer un cambio, y de hecho tenemos el precedente de lo que ocurría previo a 1973, donde los comicios presidenciales tenían lugar en septiembre, y los presidentes asumían en noviembre. Lo cierto es que en la medida que la Ley de Presupuestos sea un trámite inmediatamente posterior al resultado de los comicios generales, ayudaría a cambiar la lógica de cómo hoy se discuten y zanjan los ingresos y gastos en que incurrirá el Estado.

Por supuesto que sería ilusorio pensar que una Ley de Presupuestos puede desentenderse completamente de las lógicas políticas -por definición una ley de este tipo supone definiciones políticas de un gobierno-, pero algo muy distinto es que esta se instrumentalice por parte de una administración para desacreditar a sus opositores, lo que hace indispensable que ante todo un gobierno sepa observar la prudencia.

Ciertamente es lamentable que debates de este tipo sean forzados producto del intervencionismo en que por lo visto ha caído el Ejecutivo, pero quizás después de todo se ha abierto la oportunidad para iniciar una discusión que le permita al país reforzar sus capacidades institucionales y fortalecer nuestra democracia.