La Contraloría General de la República ha entregado los resultados de una serie de procesos de fiscalización que abrió en el marco del megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, y que dejó como saldo 137 fallecidos y miles de viviendas dañadas o destruidas. En particular, la auditoría de ingresos percibidos y gastos ejecutados por la Municipalidad de Viña del Mar entre el 2 de febrero y 30 de abril de dicho año, así como la auditoría y examen de cuentas respecto de las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso arrojaron un cúmulo de irregularidades que en su conjunto constituyen un balance desolador.

En el caso del municipio de Viña del Mar, si bien logró aclarar parte de las observaciones formuladas en el preinforme, persisten 17 observaciones que, a juicio del ente fiscalizador, revelan fallas en los controles internos, registros y procedimientos aplicados durante la emergencia. En el caso de la Delegación Presidencial -entonces dirigida por una militante del PC que ahora es diputada electa- se cuestiona, entre otros aspectos, el que se hayan detectado servicios no ejecutados, maquinaria cuya existencia no pudo ser acreditada, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superan el 500%. En particular, se observó que las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA, fueron contratadas para el arriendo de maquinaria pesada con personal y combustible, vía trato directo, por más de $7.200 millones, sin acreditar su capacidad técnica y operativa ya que, al momento de la prestación de los servicios, dichas empresas no tenían, por ejemplo, maquinaria propia.

Más allá de que puede haber aspectos que posteriormente se aclaren o tengan una mejor explicación, la ausencia de protocolos o la magnitud de los sobreprecios difícilmente pueden ser justificados por la contingencia que imponía la crítica situación del momento; requiere asimismo ser aclarado cómo fue posible que se asignaran contratos de miles de millones de pesos a empresas que carecían de la infraestructura y personal requeridos, y que estas a su vez subcontrataran a precios abultados. Es justamente esta multiplicación de irregularidades la que pone en duda la confianza en las instituciones del Estado, y de allí que se hace imprescindible aclarar pormenorizadamente cada uno de estos aspectos cuestionados.

Los reparos de la Contraloría se conocen en paralelo a los reparos por la lentitud con que el gobierno ha llevado a cabo el proceso de reconstrucción. Las cifras oficiales dan cuenta de un avance del 45% -desde el nuevo gobierno se ha indicado que la cifra real es mucho menor-, un registro en todo caso muy insuficiente. En un país donde las catástrofes naturales son recurrentes, es importante extraer las lecciones frente a lo sucedido, donde cabría esperar que se institucionalicen determinados protocolos, de tal manera que existan mejores niveles de resguardo para asignaciones de fondos en casos de emergencia -es claro que el alto nivel de discrecionalidad no puede continuar- y los procesos de reconstrucción se lleven a cabo bajo criterios estandarizados.