La Región Metropolitana (RM) ha sido afectada por fenómenos climáticos inéditos en las últimas semanas: será por lejos el mes de octubre que ha acumulado más precipitaciones en la capital desde hay estadísticas oficiales, además de haberse registrado un tornado, fenómeno que no ocurría desde fines del siglo XIX; las intensas precipitaciones llevaron a que se produjera un masivo aluvión que afectó a parte de la comuna de Las Condes, en tanto que la caída de granizos contribuyó a generar un colapso en distintos puntos de la ciudad.

El país está experimentando en carne propia las consecuencias del llamado “Súper Niño”, que de acuerdo con estimaciones de la ONU podría alcanzar niveles de intensidad sin precedentes en el planeta, fenómeno que a su vez se superpone con los trastornos que ya ocasiona el cambio climático. Chile, inevitablemente, debe aprender a convivir en esta nueva realidad, lo que hace indispensable que vaya adaptando su institucionalidad a todo nivel para lidiar con los efectos de un clima cada vez más extremo e impredecible.

En ese orden de cosas, los recientes eventos ocurridos en la RM no solo han permitido darse una idea de lo que nos puede esperar, sino también evaluar la respuesta de las instituciones, así como la efectividad de los planes de emergencia que han sido implementados para enfrentar catástrofes. Al respecto, aun cuando es valioso constatar que en general ha existido una importante capacidad de reacción frente a eventos inéditos, también han quedado a la vista una serie de falencias.

Uno de los aspectos más evidentes es que aún no parece haber un diseño que permita articular eficientemente a todas las autoridades involucradas, lo que a ratos se ha prestado para la superposición de roles o incluso instrucciones contrapuestas, reprochándose mutuamente las responsabilidades. La suspensión o reactivación de clases ilustra bien este punto, donde es claro que se hace indispensable avanzar hacia criterios que permitan objetivar cuándo estas deberían ser suspendidas y en qué condiciones reactivadas. Aun cuando es entendible que el criterio rector haya sido privilegiar la seguridad de los alumnos, cabe preguntarse si es pertinente que en algunos casos la suspensión se haya decretado tan anticipadamente. Lo conveniente sería que dicha evaluación ocurra con el máximo de información posible y se fije como regla comunicar la decisión a una hora predeterminada el día anterior. Eso sería una forma efectiva de ordenar la información que se entrega a las familias y permitir una mejor planificación. Otro ejemplo sobre la disparidad de criterios se vio nítidamente ayer, pues mientras colegios en “zona roja” retornaron a clases, la Delegación Presidencial Metropolitana suspendió un partido de fútbol.

Durante los años de pandemia el país implementó un diseño que permitió estandarizar la información sobre cuarentenas, fechas de vacunación, criterios para un desescalamiento de las restricciones, formar hábitos de prevención en la población y en general radicar las principales decisiones en autoridades precisas. Esquemas de este tipo serían muy útiles cuando el país presente catástrofes naturales, lo que facilitaría la toma de decisiones.