Es difícil imaginar un período más complejo que el actual en toda la historia de la Corte Suprema. Desde que en 2023 estalló el llamado caso Audio -donde quedó expuesta toda una red de influencias indebidas y pago de favores en torno al abogado Luis Hermosilla, que entre otros involucró a varios jueces, entre ellos a la exministra Ángela Vivanco, destituida por el pleno-, y ahora el caso de la “trama bielorrusa” -además de una red de notarios y abogados, aparece implicada la propia exjueza Vivanco, y ahora último también el ministro Diego Simpertegui, contra quien se presentó una acusación constitucional-, la imagen del máximo tribunal se ha visto duramente resentida, sembrando la perplejidad y desconfianza entre la ciudadanía.

No debe extrañar que el año pasado la ministra María Soledad Melo, en su calidad de vocera, afirmara que “ha sido un año duro, el peor que ha tenido el Poder Judicial”, y si bien el saliente presidente de la Corte, Ricardo Blanco, le tocó emprender procesos disciplinarios que también abarcaron a la Corte de Apelaciones -dos de sus integrantes fueron destituidos, una por el máximo tribunal, y otro por una acusación del Congreso-, parece un tanto aventurado lo afirmado por el ministro Blanco en su cuenta pública de marzo, donde aseguró que “hoy puedo afirmar que luego de ese trance la Corte Suprema ha salido fortalecida, cohesionada y comprometida en renovar nuestro deber de administrar justicia”. Sin que el caso Audio se haya despejado, y cuando en la “trama bielorrusa” continúan surgiendo nuevas aristas, cada vez más comprometedoras, el asunto puede tornarse aún más complejo.

De allí que el lunes, cuando el pleno del máximo tribunal deberá resolver quién detentará la presidencia por los próximos dos años es evidente que quien asuma lo hará en condiciones particularmente exigentes y su mandato principal deberá estar orientado a profundizar las medidas aplicadas hasta ahora, que apunten a restablecer cuanto antes la confianza en el Poder Judicial y brinde garantías de que los actuales casos de irregularidades y los que puedan surgir en el futuro serán investigados y sancionados con el máximo de rigor e imparcialidad.

El punto de arranque, sin embargo, ya no es el de los mejores. La tradición era que se eligiera al ministro de la Corte Suprema con mayor antigüedad, que en este caso corresponde a la ministra Gloria Ana Chevesich, pero una parte del pleno -aparentemente disconforme con los criterios que se han aplicado para llevar estas investigaciones y sanciones internas, deslizando reparos hacia la propia Chevesich- inéditamente habrían impulsado la candidatura paralela de la ministra María Angélica Repetto. Esto ya está sugiriendo que no necesariamente habría unanimidad al interior del pleno de cómo enfrentar los casos -ya se habla de “bandos”, lo que se aleja de la imagen de una Corte Suprema “cohesionada”- y de hecho eso quedó a la vista a propósito del exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, donde pese a los comprometedores antecedentes que lo implicaban con Hermosilla, el máximo tribunal se dividió y no se alcanzó el quorum para destituirlo -algo que mereció duros cuestionamientos-, lo que tuvo que hacer el Congreso mediante una acusación constitucional.

Lo que está en juego es ciertamente fundamental para la buena salud institucional de nuestro país, porque en la medida que el propio Poder Judicial -la instancia llamada a resolver en derecho los conflictos que surgen en la sociedad- está salpicado por irregularidades y hay suspicacias respecto de su imparcialidad y probidad, se produce una pérdida de la confianza en la justicia, lo que es algo que debe ser evitado con el máximo sentido de urgencia. Los tribunales de justicia apenas exhiben un nivel de confianza que alcanza el 16% (última encuesta CEP septiembre-octubre), lo que en sí ya es una luz de alerta.

Si finalmente el lunes el pleno elige a su nueva presidenta, su debut debería coincidir con la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados en contra de Simpertegui, también prevista para este lunes, todo un simbolismo del momento por el que atraviesa el máximo tribunal.

Clave será que la nueva titular aborde la manera de reforzar los estándares de probidad entre los propios jueces. La erradicación de prácticas como el abogar soterradamente para la nominación de cargos notariales o de conservadores es algo que debe terminar, y aunque la Corte se acaba de dar un nuevo código de ética, si bien es positivo, todavía parece insuficiente, tanto por la generalidad de sus lineamientos como porque la creación de un Consejo Ético, un órgano de naturaleza exclusivamente preventiva, consultiva y orientadora, estará integrado mayoritariamente por jueces de los distintos escalafones.

Un paso fundamental del nuevo mandato será abogar para apuntar hacia las soluciones de fondo, una de las cuales es cambiar radicalmente el mecanismo para la designación de los propios jueces, donde al ser un sistema autogenerado es inevitable que se dé la práctica del “besamanos” -donde los jueces inferiores buscan agradar a sus superiores, como una forma de lograr ascender en el escalafón judicial-, pero también los propios ministros de las Cortes de Apelaciones y del máximo tribunal se ven obligados a desplegar un intenso lobby con el poder político para lograr el cargo, sobre todo en el caso de la Suprema, donde se requiere contar no solo con la anuencia del pleno, sino también del Presidente de la República y luego de los dos tercios del Senado. Este mecanismo abre el riesgo de que los ministros del máximo tribunal puedan quedar comprometidos con operadores judiciales o con los mismos parlamentarios, tal como se ha visto en los recientes escándalos.

La Corte Suprema ha formulado sus propias propuestas para un nuevo sistema de designación de jueces y que esta quede liberada de una serie de labores administrativas. El Presidente de la República, a su vez, ha enviado una nueva propuesta de reforma constitucional al Congreso para estos fines, que entre otros aspectos incluye la conformación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, cuya composición aún no ha alcanzado consenso. El proyecto mantiene para el caso de los ministros de la Corte Suprema la instancia del jefe de Estado y el Congreso; la academia debate si ello es pertinente -sus partidarios indican que con ello las designaciones gozan de una necesaria validación democrática-, pero otros ven allí el riesgo de que no se corte el vínculo con la política.

Lo cierto es que la nueva presidenta del máximo tribunal debe abogar para que un proyecto de este tipo se apruebe prontamente, y el nuevo gobierno que partirá en marzo de 2026 debería tener este objetivo como una de sus prioridades centrales, porque sin este paso será difícil que el Poder Judicial salga cuanto antes de esta crisis.