El cierre fiscal de 2025 completa un cuadro muy preocupante desde el punto de vista del uso de los recursos públicos y la responsabilidad que le cabe al Estado en la administración y gestión del presupuesto. El déficit estructural alcanzó 3,6% del PIB, más de tres veces el objetivo comprometido de -1,1%, y además se completaron tres años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal. Y cuando una regla diseñada precisamente para aislar el ciclo económico y ordenar el gasto se incumple reiteradamente, el problema deja de ser coyuntural.

Lo anterior ocurre, además, en ausencia de una crisis que justifique una desviación de tal magnitud. No hubo pandemia, ni colapso financiero, ni un shock externo equiparable a episodios recientes. La brecha acumulada responde, por tanto, a decisiones de política y a supuestos técnicos que no reflejaron la prudencia que el marco fiscal exige.

En los últimos días, el gobierno saliente atribuyó parte relevante del desvío a una menor recaudación del impuesto de primera categoría, insinuando que la tributación de las grandes empresas habría estado por debajo de lo proyectado.

Desde la administración entrante descartan esa interpretación. La base de comparación de 2024 fue transitoriamente alta por la implementación del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), mecanismo que permitió adelantar recaudación futura hacia el último trimestre de ese año. De hecho, los ingresos tributarios netos registraron un salto de 17,2% real en el cuarto trimestre de 2024, luego de dos años de caídas consecutivas para ese mismo periodo. Ese efecto extraordinario generó un punto de referencia artificialmente alto para 2025. En consecuencia, parte de la caída interanual posterior responde a la reversión natural de ese adelantamiento, no a un deterioro inesperado del cumplimiento tributario de las empresas.

Si el carácter transitorio del ISIF era conocido desde su origen, su desaparición no debiera haber sorprendido a la autoridad fiscal. Precisamente por ello, la programación presupuestaria debió incorporar con mayor rigor ese ajuste, evitando un desbalance tan evidente. Persistir en proyecciones optimistas y expandir gasto permanente sobre bases transitorias es una práctica que ha terminado por amplificar el riesgo estructural y socavar las bases de la confianza en la gestión pública.

Más aún, el Consejo Fiscal Autónomo y diversos economistas advirtieron oportunamente sobre la fragilidad de las estimaciones de ingresos y la necesidad de mayor prudencia. Es un hecho que estas alertas no fueron internalizadas y el gasto no se corrigió, dejando como resultado un déficit estructural que excedió ampliamente lo comprometido.

El próximo gobierno inicia su mandato con un espacio fiscal estrecho y con la carga adicional de recomponer una trayectoria de consolidación creíble. La credibilidad fiscal es un activo construido durante décadas y el comportamiento excesivamente laxo de la actual administración hace más importante que nunca que la meta a definir por las autoridades entrantes se cumpla sin excusas. La responsabilidad fiscal no es un formalismo contable. Es, más bien, un compromiso intergeneracional cuya consistencia define la estabilidad futura del país.