La inestabilidad política de Perú escribió un nuevo capítulo con la remoción de la Presidenta Dina Boluarte y la designación del entonces titular del Congreso José Jerí como nuevo mandatario. Se trata del séptimo presidente desde 2017 y el tercero que asume en el actual periodo presidencial, iniciado con la asunción de Pedro Castillo en julio de 2021. La salida de la expresidenta se da además a seis meses de las próximas elecciones presidenciales. Por ello, algunos ven la decisión de vacar a Boluarte a estas alturas de su gobierno como una medida para marcar distancia de su impopular gestión por parte de sectores que inicialmente la apoyaron. El respaldo a la exmandataria apenas superaba el 5% en los sondeos y enfrentaba crecientes protestas por no haber logrado contener la criminalidad, principal preocupación de los peruanos.

Fue precisamente el ataque contra un grupo musical en el distrito limeño de Chorrillos lo que gatilló finalmente el proceso de vacancia que le permitió a la oposición sumar 122 de los 130 votos de la Asamblea -es decir, virtualmente la totalidad de los legisladores- para remover a la Mandataria. Su salida, sin embargo, lejos de calmar los ánimos en el país reavivó las protestas en rechazo ahora de su sucesor, quien ha enfrentado acusaciones de corrupción y de agresión sexual, con una desaprobación del 83%. Es difícil predecir si la escalada de rechazo de sectores de la ciudadanía contra el nuevo gobernante y la gestión del Congreso derive en otro pedido de vacancia, pero el hecho da cuenta de la fragilidad con que convive la democracia peruana.

Detrás de esa fragilidad hay un sistema político que se ha venido degradando fuertemente en las últimas décadas, sin un sistema de partidos sólido, un parlamentarismo de facto y altos niveles de corrupción enquistados en el aparato estatal. Los últimos seis presidentes, por ejemplo, han enfrentado acusaciones de corrupción y se encuentran cumpliendo condena o están en prisión preventiva. A ello se suma la profunda fragmentación del Congreso -cuya desaprobación supera el 90%-, y las cifras sugieren que seguirá profundizándose en la elección del próximo año, con 43 partidos y movimientos políticos inscritos para participar en los comicios, a lo que cabe añadir que hasta ahora hay una docena de candidatos presidenciales en carrera. Se trata de una división que adelanta un panorama similar al de 2022, cuando quienes pasaron al balotaje tenían menos del 20% de apoyo.

La crisis política en Perú resulta aún más preocupante considerando el acelerado deterioro de la seguridad, que ha visto crecer exponencialmente los delitos. En los mismos nueve años en que Perú ha sumado siete presidentes, la tasa de homicidios se triplicó. Así, si en 2017 llegaron a 671, este año, solo en el tercer trimestre, alcanzan los 575, según datos oficiales del Sistema Nacional de Defunciones. El promedio diario de homicidios en 2025 llega a 6,4. A ello se suma un explosivo aumento de las extorsiones, que desde 2020 a la fecha crecieron 500% y afectan a más de 2 millones de empresas, según la Cámara de Comercio de Lima. Un escenario preocupante que revela, además, cómo el deterioro del sistema político-institucional de un país y el consecuente debilitamiento del Estado acaba dando espacio al crimen organizado para extender su presencia.