El gobierno se ha anotado un triunfo importante luego del considerable respaldo que logró en el Senado su propuesta de reforma política que busca promover la gobernabilidad, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje, la que ahora pasó a la Cámara de Diputados. Para estos efectos, el Ejecutivo dispuso urgencia de discusión inmediata, todo ello con el objetivo de lograr que dicho proyecto sea aprobado antes del término de esta legislatura, una meta que no se presenta fácil, considerando que en la Cámara Baja hay parlamentarios que siguen reticentes a una propuesta de este tipo.

El objetivo con que se ha presentado este proyecto de ley es contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema político, el cual adolece de una serie de problemas que ciertamente afectan la calidad de la democracia. En particular, es un hecho que la existencia de una veintena de partidos con representación parlamentaria genera tal grado de atomización que hace más complejo llegar a grandes acuerdos; a su vez, los laxos requisitos que nuestra legislación establece para constituir partidos políticos, y el generoso financiamiento que reciben del Estado, crea los incentivos para mantener en pie colectividades que muchas de ellas solo representan intereses muy específicos, y no grandes corrientes de pensamiento en la sociedad. La indisciplina parlamentaria también se ha hecho cada vez más frecuente, con representantes que abandonan los partidos por los cuales fueron electos para a su vez constituir nuevos referentes.

En líneas generales, la propuesta del gobierno establece requisitos más exigentes para la conformación de los partidos políticos: se exigirá el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo, lo que implica un aumento sustantivo de las firmas necesarias. También hay requisitos más exigentes para la inscripción de candidaturas independientes, y se le dan más atribuciones a los comités parlamentarios, entre otros aspectos. Esto sin duda es un avance, pero no parece suficiente. El asunto no se limita solo a desincentivar la creación de partidos sin mayor peso, sino también a lograr que en el Congreso la representación parlamentaria quede en manos de partidos más grandes, evitando la atomización actual. Para lograr esto último, una de las formas de lograrlo es establecer un umbral para efectos de conseguir la representación parlamentaria, que es una forma mucho más efectiva de lograr que los partidos se agrupen y se formen bloques más grandes y por tanto más representativos.

Precisamente una propuesta de reforma constitucional emanada desde el Senado establece que solo los partidos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha cámara, salvo que el partido sume ocho parlamentarios en el Congreso. Asimismo, contempla la pérdida del escaño para los parlamentarios que renuncien al partido o al comité parlamentario. Esta propuesta no ha encontrado suficiente respaldo en la Cámara, y tampoco parece haber voluntad del Ejecutivo por impulsarla. Lo cierto es que el umbral y las sanciones que propone el Senado son un aspecto clave, de modo que si solo se aprueba lo propuesto por el Ejecutivo será una reforma al sistema político muy incompleta.