Una columna del abogado Cristián Valenzuela (“Parásitos”), estrecho asesor del candidato del Partido Republicano José Antonio Kast, y que fue publicada por este medio, ha generado una intensa ola de críticas no solo del gobierno y del propio Presidente de la República, sino también de sectores de oposición, molestos por alusiones que consideran injustas. Valenzuela planteó, entre otros puntos, que “el Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín. Son los mismos de siempre, los que han hecho del gasto público una industria y de la política una repartija”. Agregó que “los parásitos no tienen color político. Se reproducen en todos los gobiernos, en todos los partidos, en todas las épocas”.

A Valenzuela no solo se le ha reprochado el uso de un lenguaje descalificatorio, sino que además se le ha enrostrado que él mismo ha ocupado cargos como asesor de gobierno, y que en la actualidad desempeña labores en la Alta Dirección Pública. Si bien el abogado posteriormente matizó sus dichos, los efectos de su planteamiento -que por lo demás el candidato Kast hizo suyos- aún no terminan de disiparse. Aunque Valenzuela debió haber transparentado sus propias actividades en el sector público, no cabe duda de que la columna y el debate que se ha generado posteriormente han puesto de relieve un tema que resulta fundamental, relativo al tamaño del Estado y en particular al número de funcionarios públicos, que en los últimos años ha venido creciendo de forma sustantiva, con un significativo gasto en personal.

La discusión sobre el número de funcionarios públicos ha estado cruzada por la circunstancia de que el país atraviesa por una estrecha situación fiscal, lo que exige ser particularmente celoso en el gasto público, y desde luego es legítimo preguntarse si está justificado que el sector público reclute en estos momentos del orden de 1 millón de personas. Solo en remuneraciones el Estado debe destinar en torno al 20% del presupuesto de la Nación, el cual para el próximo año totalizaría unos US$ 90 mil millones. Pero el debate también ha estado tensionado porque desde Republicanos han planteado un recorte en el gasto público de US$ 6 mil millones, parte de lo cual se financiaría desvinculando a un número importante de los más de 100 mil empleados públicos que ingresaron entre 2022 y 2024, a los que identifican en su mayoría como “operadores políticos”.

Es válido preguntarse si estos 100 mil funcionarios están justificados, pero antes resulta fundamental partir distinguiendo cómo esta cifra se distribuye entre el gobierno central y los municipios. De acuerdo con cifras de Horizontal, si bien entre marzo de 2022 y diciembre de 2024 el número de funcionarios públicos creció en más de 101 mil personas, casi el 40% de estos nuevos cargos se destinaron al gobierno central (incluyendo SLEP y servicios de salud), mientras que el 60% fue a otras instituciones, de las cuales el grueso correspondió a municipios.

A partir de estos antecedentes se desprende que el gobierno central no ha sido el mayor reclutador de funcionarios públicos en estos últimos años, y que en cambio son los municipios los que más explican el aumento de funcionarios. Cabe asumir entonces que no será posible reducir fácilmente 100 mil empleos públicos -ello es voluntarista, considerando que los municipios son autónomos y no es resorte del Ejecutivo definir su planta-, y naturalmente queda claro que cualquier debate sobre la racionalización en la cantidad de empleados públicos debe necesariamente abordar lo que ocurre a nivel de municipios, sin perjuicio de que en el gobierno central también resultaría válido indagar si su nutrida dotación se justifica, así como las trabas que representa el estatuto administrativo para racionalizar la cantidad de funcionarios.

Un aspecto que ya resulta particularmente anómalo es la dificultad para estimar con precisión la cantidad de empleados públicos que hay en Chile. Esto ya no es mayor dificultad en el gobierno central -donde la Dirección de Presupuestos debe entregar reportes periódicos sobre la cantidad de personal-, pero en cambio sí lo es a nivel de municipios, los que pese a estar obligados por ley a reportar sus dotaciones esto sigue haciéndose de manera incompleta o a destiempo. Tal proceder atenta contra principios elementales de transparencia, lo que exige ser corregido, y naturalmente también deberían reforzarse los controles sobre alcaldes y corporaciones municipales en cuanto al uso de las modalidades de contratas y honorarios, que son maneras fáciles de expandir la planta.

Por otra parte, la cantidad de dinero que las municipalidades destinan al pago de remuneraciones es considerable -del orden de US$ 7 mil millones al año, pero a eso habría que añadir contrataciones por otras líneas presupuestarias, cuyo gasto en personal es difícil de conocer-, lo que desde ya no solo amerita que exista una evaluación exhaustiva de si todos estos cargos se justifican, sino que ante tales volúmenes de recursos también corresponde interrogarse si acaso los municipios cumplen con la regla de que no pueden gastar más del 42% de sus ingresos propios del año anterior en gasto de personal. Según estimaciones de Horizontal, si bien los municipios cumplen nominalmente con esta regla, si se considera el gasto en honorarios de programas comunitarios en el cálculo de dicho umbral, este sube a 45%, aspecto que resulta clave que sea despejado.

Un debate a fondo sobre cuántos empleados públicos tenemos, cuánto le cuestan al país y la manera de bajar el gasto que se destina a estos fines es sumamente complejo, requiere de buenos diagnósticos y debe alejarse de eslóganes y soluciones facilistas, pero a la vez resulta una discusión fundamental para el país y no debería seguir siendo postergada mediante todo tipo de pretextos -ahora ha sido la cortina de humo que se ha levantado a raíz de la polémica por los “parásitos”- o ante el temor de las presiones gremiales.