El escándalo que ha dejado al descubierto el informe de la Contraloría General de la República, al revelar que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al exterior pese a estar con licencia médica, ha dado pie a la apertura de miles de sumarios, en tanto que el criterio del Presidente de la República ha sido que todo funcionario de confianza sorprendido en esta infracción deberá dejar el cargo automáticamente. Producto de ello más de mil funcionarios ya han hecho abandono de su cargo, pero queda por ver ahora el destino que tendrán los sumarios, toda vez que el engorroso proceso que contempla el Estatuto Administrativo para estos efectos puede tomar largo tiempo.

Si algo ha dejado en claro este escándalo, es que el hecho de que miles de funcionarios pudieran ausentarse impunemente de sus trabajos sin implicancias da cuenta de que dentro del aparato público existe una enorme cantidad de personal cuyas labores no se justifican, pero que igualmente siguen ahí ya sea por motivaciones enteramente políticas, el “amiguismo” o por las trabas que impone el Estatuto Administrativo, que en los hechos consagra la inamovilidad sobre todo para el personal de planta. A ello cabe agregar las presiones de los propios gremios del sector público, donde múltiples voces reconocen que el costo de enemistarse con dichas asociaciones desincentiva procesos de racionalización de personal o de aplicación de sanciones. Estos mismos gremios se han encargado a su vez de alentar paros ilegales -pese a que el Estado por mandato legal debe asegurar la continuidad de los servicios-, que en algunos casos se han extendido por largo tiempo, sin ninguna consecuencia.

En este contexto, queda claro que estamos en una especie de tormenta perfecta, y si se quiere emprender una modernización efectiva del Estado, entonces cambiar radicalmente el régimen que rige el empleo público resulta un imperativo, pues sin corregir esta dimensión todos los otros avances terminarán diluyéndose. Sin embargo, ningún gobierno ha tenido el coraje de emprender esta tarea con la profundidad requerida. En las postrimerías del segundo gobierno del expresidente Piñera se anunció la presentación de un proyecto de ley que buscaba hacerse cargo de varios de estos aspectos, pero convenientemente quedó olvidado en el tiempo. Tampoco el estudio que conjuntamente elaboraron Libertad y Desarrollo, el CEP, Chile 21 y Espacio Público (2019), con propuestas muy concretas para la gestión de personal en el ámbito público, ha sido utilizado como insumo para acometer una reforma, salvo la fallida iniciativa de Piñera, que encontró en ello una inspiración.

Según el Informe Trimestral de Recursos Humanos del Sector Público correspondiente a diciembre de 2024, un total de 411 mil funcionarios se desempeñaban en el Gobierno Central; de estos, el 58,2% correspondía a contratas, 21,7% a planta y 5,5% a honorarios, mientras que el resto correspondía a otras modalidades de contratación. Al mirar las cifras a través del tiempo, la dotación de funcionarios públicos en el Gobierno Central ha ido en constante aumento -entre 2012 y 2022 creció en 70%-, y debe ser motivo de atención que el personal a contrata y honorarios represente por lejos el mayor componente de contratación, considerando que en los años 90 por cada contrata había tres funcionarios de planta. Es razonable que el Estado pueda contar con grados de flexibilidad que le permitan disponer de personal que aporte determinadas competencias, y que refuerce cuando hay demandas transitorias, pero en estos volúmenes sugiere que en realidad hay problemas de orden estructural que alimentan un diseño ineficiente y costoso.

Las plantas están definidas por ley, lo que obliga a recurrir a contratas y honorarios para apoyar la labor de estas entidades. Un primer problema es que los concursos para acceder a las plantas son muy restringidos, donde puede pesar más la afinidad política o el favor de los gremios antes que el mérito. Esto supone una camisa de fuerza, porque impide que las plantas cuenten con funcionarios mucho mejor preparados, desnaturalizando el sentido que debe tener una carrera funcionaria, que ante todo debe asegurar que la permanencia en el cargo responda a un buen desempeño. Las contratas y honorarios han sido la manera de suplir estas falencias, pero en estos casos, además de su abultamiento sin criterios claros que lo justifiquen, la discrecionalidad política también ha jugado un rol, convirtiendo muchas veces estos cargos en cajas pagadoras de favores, a lo que se suman dictámenes de los tribunales que han obligado a pasar a la planta a quienes han renovado en la modalidad contrata, lo que al final abulta cada vez más el aparataje público.

Parece evidente que debería existir un solo régimen de contratación -dejando de lado la anquilosada estructura de plantas, contratas y honorarios-, donde el mérito juegue un rol fundamental, mucho más de lo que ocurre actualmente, pues si bien el mecanismo de Alta Dirección Pública ha sido un avance, los cargos que se llenan por esta vía son apenas una fracción, de modo que los concursos públicos abiertos y transparentes deberían ser la regla. Naturalmente que han de existir resguardos razonables para asegurar una carrera funcionaria y garantías para que los funcionarios lleven a cabo sus tareas sin que sus cargos dependan de las presiones del ciclo político, pero es necesario terminar con las inamovilidades que en los hechos consagra el Estatuto Administrativo, normativa dictada en 1989 y que en lo esencial no ha sido modificada.

Por de pronto, bajo el diseño actual los sumarios deben ser llevados a cabo por personal de las propias unidades, lo que torna habitual que estos procesos avancen muy lentamente o queden en el vacío, ante la dificultad de poder compatibilizar este rol de fiscal con el de las funciones inherentes al cargo. Esto deja sin efecto la ley y alimenta la impunidad. Por ello sería preferible que los sumarios y la aplicación de sanciones quedaran a cargo de unidades con dedicación exclusiva, libres de toda presión y cautelando el debido proceso. También debería pensarse en un diseño muy distinto de los Programas de Mejoramiento de la Gestión, donde parte de la remuneración queda sujeta al cumplimiento de metas. Si bien es razonable que existan incentivos de este tipo, la altísima tasa de cumplimiento sugiere que dichos planes son en la práctica diseños a la medida y no reflejan ningún aumento de productividad, por lo que cabe pensar en un rediseño, donde por de pronto su fiscalización quede en manos de entes imparciales.

El objetivo de contar con un servicio público altamente profesionalizado en base al mérito, donde el número de funcionarios responda a criterios de racionalidad y el incumplimiento de la ley sea efectivamente sancionado, resulta central para los intereses del país. Esto pasa por el reemplazo del Estatuto Administrativo por una normativa enteramente distinta. La gran interrogante que ahora se abre es si las distintas candidaturas presidenciales serán por fin capaces de hacer propuestas audaces en este ámbito y resolver con éxito la compleja economía política que ha impedido cambios relevantes por más de trés décadas.