El jueves pasado el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dio a conocer el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados correspondiente al año 2025, que elabora el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El estudio consolida el análisis de la información centralizada originada de manera interinstitucional en las entidades que intervienen en la prevención, investigación, juzgamiento y registro de tales hechos, dando lugar a un instrumento oficial que permite diseñar, revisar y corregir políticas públicas en la materia. Un informe, además, muy oportuno, al permitir disponer de información relevante a poco más de dos meses de concluido el periodo en análisis.

Las cifras entregadas son alentadoras. Muestran, por ejemplo, que en 2025 hubo 118 víctimas menos que el año anterior (1.091), bajando la tasa 11,5%, desde 6,1 a 5,4 por cada 100.000 habitantes, y de 20,6% respecto del peak del año 2022, cuando fueron asesinadas 1.330 personas. Resulta especialmente positivo que en el caso específico de niños y adolescentes (ente 0 y 17 años) esta baja haya sido en una proporción mayor, de 31,6% respecto de 2024, desde 6,3% a 4,8% registrándose 52 víctimas fatales en ese tramo etario.

De igual manera, el hecho que en 12 de las 16 regiones hayan disminuido las personas asesinadas en el último año -destacando Tarapacá que bajó de 7,4 a 3,7- va señalando una tendencia que da cuenta de un trabajo coordinado y de cambios en las políticas de seguridad e investigación que muestran resultados alentadores, como, por ejemplo, el trabajo de Equipos Coordinados de Crimen Organizado y Homicidios.

Sin embargo, es importante tener a la vista que el país está lejos todavía de alcanzar los niveles de prepandemia en la materia (924 homicidios consumados en el año 2019) y donde se observa un escenario que se complejiza por el narcotráfico y la actuación del crimen organizado, especialmente a partir del ingreso de agrupaciones foráneas que introdujeron nuevas prácticas delictivas -como los sicariatos- y una mayor brutalidad en la comisión de estos delitos. Una realidad que impone nuevos retos y anticipación a las policías y autoridades.

Es por ello que las nuevas autoridades -que deben sostener y profundizar la tendencia de los últimos tres años- deberán mirar con atención las cifras por cuanto hay áreas relevantes en las cuales orientar las políticas que implementen. De forma especial la que dice relación con la violencia donde las víctimas son niños, ya sea en un contexto de violencia intrafamiliar o por acciones de la criminalidad que alcanza a inocentes atrapados en medio de disputas territoriales y de dominio del crimen organizado. Lo mismo en el caso de lo que está ocurriendo en los espacios públicos, donde se cometieron 59,5% de los homicidios durante 2025 y que demanda aumentar la labor preventiva, de vigilancia y de recuperación de estos espacios. También es necesario un mayor control del acceso a las armas de fuego, a través de una mayor fiscalización y evitando su internación, considerando que éstas son el elemento material más utilizado en la comisión de delitos.

Un gobierno que asume con un mandato ciudadano de hacer frente a los problemas de seguridad deberá implementar las medidas necesarias para seguir bajando las tasas de homicidio no solo consumado, sino que ir minimizando las condiciones que posibilitan las manifestaciones de violencia en los espacios públicos y privados.