La crisis política y social que atraviesa Bolivia ha reavivado los fantasmas de lo sucedido hace más de 23 años, en la llamada guerra del gas, que llevó a la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que sumió al país en un periodo de inestabilidad que acabó con el triunfo de Evo Morales en las elecciones a fines de 2005.

Si bien las razones detrás de las nuevas protestas son distintas, algunos de los protagonistas de lo sucedido a inicios del siglo vuelven a estar en el centro de la atención, como el líder cocalero y ahora expresidente, y el reclamo de los distintos grupos que impulsan las manifestaciones es nuevamente la salida del actual mandatario, Rodrigo Paz, quien fue elegido hace solo siete meses con más del 54% de los votos.

El triunfo de Paz en octubre pasado fue en gran parte resultado del descontento de la ciudadanía con casi 20 años de gobiernos de izquierda liderados por el MAS, que dejaron al país sumido en una severa crisis económica. Durante ese periodo, aprovechando el boom de los commodities y la riqueza generada por el gas, se nacionalizaron los hidrocarburos y se construyó un extendido sistema de subsidios que permitió asegurar el respaldo ciudadano. Sin embargo, ante la falta de incentivos para realizar nuevas inversiones y el cambio del escenario mundial los ingresos del sector sufrieron una fuerte caída, afectando la sostenibilidad fiscal del modelo. El resultado fue un déficit público de más del 10%, reservas de divisas reducidas al mínimo y una economía en crisis.

El actual presidente llegó al poder con el desafío de revertir el complejo escenario dejado por sus antecesores. Para ello ha llevado a cabo una paulatina eliminación de los subsidios, en especial a los combustibles, además de impulsar una serie de medidas para reactivar la economía, como la llamada ley de tierras, reformando la norma que declaraba inembargables e indivisibles las pequeñas propiedades agrícolas, permitiendo no solo su venta sino también ser usadas como garantía para créditos. La medida fue rechazada por movimientos campesinos e indígenas y estuvo en el origen de las protestas. Pese a que el presidente aceptó finalmente abrogarla, las protestas han seguido, sumando nuevas exigencias, como compensaciones por el alza de la inflación.

La exigencia por la renuncia del mandatario es el último reclamo de los manifestantes para deponer las protestas, en una clara señal de cómo algunos sectores están buscando aprovechar políticamente la situación. Si bien existen demandas legítimas ante la difícil situación económica, estas se han mezclado con medidas de presión ilegales, en tanto que las protestas también han sido utilizadas como forma de evitar cumplir con las resoluciones judiciales, como sucede con el ex presidente Morales, cuyos seguidores iniciaron una marcha en contra de Paz justo el día en que se emitió una segunda orden de detención en su contra por acusaciones de trata de personas.

Ante los fallidos llamados al diálogo del gobierno, las protestas han continuado y están poniendo en riesgo los esfuerzos de Paz por avanzar en una serie de reformas que aparecen hoy como la mejor opción para corregir años de políticas fracasadas y reencausar la economía boliviana.